Valledupar. La Contraloría General de la República reveló los resultados de una auditoría realizada a la Universidad Popular del Cesar, en la que revela presuntas irregularidades por más de 2.000 millones de pesos. En total el organismo de control estableció 14 hallazgos con incidencia fiscal, 18 con alcances disciplinarios y uno penal.
La investigación la adelantó a la gestión de 2014 en el claustro académico, encontrando posibles sobrecostos millonarios en actividades de capacitación y servicios pedagógicos; además del suministro de combustible a vehículos que no son propiedad de la universidad; y a plantas eléctricas de emergencia que no estaban en servicio.
Entre los hallazgos, la Universidad Popular contrató y canceló a docentes horas de capacitación por un mayor valor al que se debía pagar de acuerdo con las tarifas establecidas por la entidad, lo que originó un sobrecosto por $270 millones y por ende un daño al patrimonio público. Esto corresponde al contrato No. 008 del 9 de diciembre de 2014, por $467 millones, cuyo objeto es la prestación del servicio de capacitación de 550 docentes de instituciones públicas de los municipios no certificados.
Una situación similar se presentó en la ejecución del convenio No. 103 de 2014, suscrito entre la Universidad Popular y la Fundación para el Desarrollo en Colombia, donde en el componente de capacitadores se pagó un mayor valor por $76 millones.
Se contrataron y cancelaron horas presenciales y virtuales por un mayor valor al que debía cancelarse a los profesionales que prestaron servicios como capacitadores, de acuerdo a la tabla y/o tarifa establecida en esa vigencia.
En los gastos imputados a este mismo convenio, no hay soportes de contratos celebrados con los profesionales que prestaron los servicios contratados, hojas de vida, planillas de pagos al Sistema de Seguridad Social, informes de servicio prestado, refrigerios, contratos de arriendo, recibos de servicios públicos y telefonía.
Lo anterior refleja incumplimiento del objeto contratado y falta de seguimiento al proceso contractual, lo que conlleva a un hallazgo fiscal por $204 millones, con presunta incidencia disciplinaria.
Se estableció un hallazgo fiscal por $31 millones, con presunta incidencia disciplinaria, por irregularidades en un contrato para el suministro de combustibles.
Se evidenció que se prestó el servicio a algunos vehículos y equipos que no son propiedad de la Universidad Popular del Cesar y se suministró combustibles a plantas eléctricas de emergencia que no se encontraban prestando servicio.
Se trata del contrato No. 005 del 15 de enero de 2014, entre la empresa Bamos Ltda, cuyo objeto es el suministro de combustible, grasa, filtros, lubricantes y servicio de mantenimiento como lavado, engrase y arreglo de llantas a los distintos vehículos, planta eléctrica, guadañadora y motocicletas de propiedad de la Universidad Popular del Cesar, por $66 millones, adicionado el 18 de noviembre de 2014 en cuantía de $12 millones para un total de $78 millones.
