El defensor del pueblo, Carlos Camargo, pidió a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucional en salud en medio del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, con la cual el alto tribunal impartió órdenes para preservar la garantía del derecho fundamental a la salud y la sostenibilidad del sistema.
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'Se hace urgente que la Corte Constitucional emita órdenes encaminadas a garantizar tan importante derecho humano. La Defensoría ha constatado el incumplimiento a las órdenes emitidas por la Corte, razón por la cual se hace necesario que sean corregidas las medidas adoptadas por el actual Gobierno, que han puesto en alto riesgo la vida, integridad y salud de los usuarios del sistema', dijo el funcionario.
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Afirmó que la crisis va más allá de la Ley 100 de 1993 y agregó que el subsistema del Magisterio y el de la fuerza pública, por ejemplo, 'atraviesan serios problemas, especialmente en las zonas más alejadas y dispersas del territorio colombiano, donde se evidencian cada día más barreras y obstáculos en la prestación de los servicios, así como en el acceso a medicamentos y tecnologías”.
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En el caso del Magisterio, como modelo especial de salud, aseveró el jefe del organismo del Ministerio Público que se ha venido implementando 'sin que se haya establecido un régimen de transición adecuado que garantice la protección del derecho humano a la salud de cerca de 819.000 afiliados. Ello está poniendo en riesgo, particularmente, a quienes padecen enfermedades crónicas, huérfanas, de alto costo, y a aquellas personas con tratamientos permanentes'.
Y reiteró 'los riesgos y vulneraciones al derecho a la salud de los más de 22 millones de afiliados a las siete entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas en los últimos 18 meses. Recientemente, otras dos EPS solicitaron el retiro voluntario'.
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Se trata de Famisanar, Nueva EPS, Sanitas EPS, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud y EPS SOS de Comfandi, intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, y más recientemente Compensar y Sura EPS, que pidieron su salida voluntaria y progresiva del sistema de salud colombiano, ante la crisis financiera que están viviendo.
Por lo que, concluyó Camargo, se ha solicitado a la Corte Constitucional la programación de manera urgente y prioritaria de una audiencia, con el fin de que sea evaluada la situación actual de la salud, en la que participen el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, los aseguradores, los prestadores, la academia, profesionales de talento humano del sector, los laboratorios y gestores farmacéuticos, el Magisterio, Sanidad de la fuerza pública y demás subsistemas, como también la sociedad civil.
