Juzgar a los máximos responsables de crímenes en el conflicto armado colombiano es una tarea inmensa que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lleva más de tres años enfrentando y que ha sido más reveladora que la de la justicia ordinaria, según asegura a Efe su presidente, Eduardo Cifuentes.
El acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, firmado en noviembre de 2016, incluía la creación de un sistema de justicia y reparación único en el mundo para juzgar los crímenes de guerra y a la vez servir de encuentro entre víctimas y victimarios, y también buscar personas desaparecidas.
De juzgar los crímenes de lesa humanidad se encarga la JEP, que investiga hechos como los secuestros por parte de la guerrilla, el reclutamiento de menores o las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército.
'Este sistema transicional ha demostrado en los primeros años de vida que sí es capaz de permitir que se conozca más verdad del conflicto armado de la que nunca antes se había podido reconocer a través de los sistemas ordinarios de la justicia penal en Colombia', dice orgulloso el magistrado Cifuentes.
Es un sistema de tira y afloja, donde si los acusados ofrecen información suficiente sobre los delitos cometidos y asumen su parte de responsabilidad y la JEP considera que dan 'un aporte sustantivo a la verdad' pueden obtener 'una sanción de carácter restaurativo que apareja también restricción a la libertad para máximos responsables, de 5 a 8 años'.
Pero si el aporte no es suficiente, la JEP 'lo puede condenar a 20 años de prisión, si no le absuelve'.
