En el marco del estudio que surte la Corte Constitucional de la Ley 1918 de 2018, que creó el registro de abusadores sexuales, activistas de organizaciones de padres de familia y por los derechos de los niños le pidieron este jueves al alto tribunal que avale la norma para que colegios, instituciones deportivas, médicas, artísticas y otras, antes de contratar su personal, verifiquen por obligación los antecedentes de delitos sexuales contra menores de edad.
Los manifestantes protestaron en los alrededores del Palacio de Justicia ataviados con máscaras de lobos e indumentaria de las profesiones y cargos que tienen más cercanía con los niños.
La senadora Nadia Blel, autora de la ley, hizo un llamado al alto tribunal guardián de la Constitución 'para que escuche a la ciudadanía, a los padres de familia, a las fundaciones que trabajan a favor de los niños. No les pueden quitar esta herramienta'.
Indicó la parlamentaria conservadora que, según el Inpec, entre el 9 y el 10% de los acusados por delitos sexuales contra menores son reincidentes.
La demanda, interpuesta en octubre de 2019 por un grupo de investigación de la Universidad de Manizales, advierte que la norma es una 'cadena perpetua' porque establece un régimen de inhabilidades para los señalados de estas conductas y constituye 'un programa político criminal de enfoque excluyente y contrario al Estado social y democrático de derecho'.
