En su teléfono celular guardaba videos y fotografías de contenido explícito que involucra a niños, niñas y adolescentes.
Uno de los principales sospechosos del fallecimiento del menor es su padre quien un juez lo dejó en libertad.
Los supuestos hechos ocurrieron en República Dominicana, concretamente en la mansión de Iglesias en Punta Cana (este), una de las denunciantes es dominicana y el cantante posee la nacionalidad dominicana, “por lo que evidentemente el caso es competencia de la República Dominicana, no de España”, dijo el jurista y académico dominicano Cándido Simón.
La decisión se debe a la “falta de jurisdicción” y competencia de los tribunales españoles.
Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.