La fiscal delegada de Seguridad Ciudadana, Carmen Torres Malaver, advirtió este viernes que los 90 detenidos por agresiones sexuales contra menores de edad, a pesar de que ya un juez les dictó medida de aseguramiento, no han podido ser llevados a centros de reclusión por las medidas de la emergencia de la pandemia y, por ello, permanecen detenidos en estaciones de policía de todo el país.
'Todos fueron asegurados en centro carcelario y como existen menores infractores se les da la medida de internamiento preventivo. (...) No contamos con centros de reclusión para llevar a estas personas pero la Fiscalía sigue trabajando de la mano con las policías judiciales en el evento de contar con sitios para llevar a estas personas. (...) En las estaciones de policía nos apoyan y los tenemos que llevar a estos sitios', dijo la funcionaria en rueda de prensa.
Torres reportó además que los operativos se desarrollaron en un trabajo conjunto con las seccionales de Antioquia, Bogotá, Medellín, Bolívar, Cali, Caldas, Casanare y Cauca, entre otras.
Más temprano, la Fiscalía informó que capturó a 90 personas involucradas en agresiones contra los menores de edad, 81 de ellas por orden judicial y 38 que hacen parte del núcleo familiar de las víctimas.
Los fiscales delegados imputaron delitos tales como pornografía con menores de 18 años, proxenetismo, acceso carnal violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años.
'Entre los judicializados se encuentran integrantes de la fuerza pública, padres de familia, guías espirituales y religiosos, y personas cercanas a las víctimas', indicó el ente acusador.
Entre los investigados figuran un sargento activo del Ejército Nacional, adscrito al Batallón de Infantería N° 42 Batalla de Bomboná, en Antioquia, que habría agredido sexualmente a su hijastra.
En Tuquerres (Nariño), fue judicializado un pastor religioso que se habría aprovechado de su posición y de la confianza que generaba en la comunidad, para abusar de algunas menores de edad que acudieron a sus cultos
Y había una red de pornografía infantil señalada de contactar víctimas menores de edad, mediante la creación de avatares en las redes sociales.
Al respecto, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, advirtió: 'A estas personas les debe caer todo el peso de la ley porque las vulneraciones contra la niñez y la adolescencia repercuten no solo contra el individuo sino contra Colombia entera'.
