La Cancillería cubana rechazó la decisión de los Estados Unidos de incluirlos en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, la cual fue publicada el pasado 13 de mayo.
En este sentido, Cuba calificó de 'ingrato' al gobierno colombiano, que recibió el anuncio como un 'espaldarazo' a su 'insistente solicitud' para que este país entregue a los miembros del ELN que viajaron a la isla cuando Colombia mantenía negociaciones de paz con el grupo guerrillero.
Cuando se conoció la inclusión de Cuba en la lista terrorista, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, expresó: 'En este momento, hay un espaldarazo del Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia y a la insistente solicitud del presidente Iván Duque y la Cancillería que estas personas sean entregadas a la justicia colombiana'.
La Cancillería cubana, por su parte, pidió a Colombia que declare su posición oficial acerca de las razones que le atañen para la inclusión de Cuba en la lista elaborada por el Departamento de Estado.
El principal argumento utilizado por el Gobierno de los Estados Unidos para referenciar a Cuba como un país que no colabora con la lucha contra el terrorismo fue la presencia en el territorio nacional cubano de miembros del ELN.
En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba especificó que tal delegación del grupo guerrillero está en su país por solicitud del Gobierno colombiano y del ELN para que se llevase a cabo el proceso de paz en La Habana en mayo del 2018.
Cuba, junto con Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela y Noruega, han fungido como países garantes del proceso de paz por petición de las partes.
Sin embargo, tras el atentado a la Escuela de Cadetes, en enero del año pasado, el presidente Duque rompió los diálogos de paz.
'Adicionalmente, decidió desconocer el Protocolo de Ruptura, en franco abandono y quiebre de los compromisos adquiridos por ese Estado con otras seis naciones firmantes del mismo', agregó la Cancillería.
Cuba explicó que dicho protocolo, firmado el 5 de abril de 2016, establece el regreso seguro de la delegación guerrillera a Colombia en caso de romperse el diálogo.
Por tal motivo, Cuba reiteró que lo que corresponde, de acuerdo al pacto acordado, es la aplicación del protocolo. Agregó que esta práctica es universal y apegada al Derecho Internacional.
Cuba también señaló que si los miembros del ELN aún se encuentran en su país es, precisamente, por la no aplicación de dicho protocolo.
Además, salió en contra del Gobierno colombiano, señalándolo de haber incursionado en una serie de 'acciones hostiles' contra Cuba, como declaraciones públicas y amenazas, 'mediante la manipulación, ingrata y políticamente motivada'.
En este contexto, Cuba citó como ejemplo el hecho de que el Gobierno actual de Colombia modificó su postura sobre el apoyo a la resolución que cada año aprueba la Asamblea General de la ONU para el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos a la nación caribeña. Desde 1992 Colombia apoyaba dicha resolución.
Reiteró que la conducta de Colombia, tras lo expresado por el alto comisionado para la Paz, ha 'servido y facilitado los argumentos para los propósitos agresivos de los Estados Unidos contra' Cuba.
'La presencia de representantes del ELN en nuestro territorio, en la que descansa la acusación estadounidense, no es más que un pretexto endeble y deshonesto, carente de sentido y facilitado por la actitud ingrata del Gobierno de Colombia', enfatizó la Cancillería.
Por su parte, el director General para EE.UU. de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, salió en contra también del país norteamericano, calificando su decisión como un 'acto político, deliberado y deshonesto' .
'EE.UU. es deliberadamente deshonesto al publicar esta lista, ellos saben que existen acuerdos de cooperación entre los dos gobiernos, que existen acuerdos en materia de aplicación y cumplimiento de la ley, que incluye el combate contra el terrorismo y que en tiempos recientes ha habido acciones concretas de cooperación entre los dos gobiernos, en beneficio de EE.UU. y de intereses de seguridad nacional', aseguró Fernández en entrevista con Prensa Latina.
Se ‘atiza’ el debate
No es la primera que el debate sobre los protocolos aparece en la escena pública.
El escenario político en Colombia se ha encendido, tras el cruce de posiciones entre quienes piden desconocer tales protocolos y quienes ponen de presente el cumplimiento de los mismos.
De hecho, los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Antonio Sanguino, de Alianza Verde, citaron a Ceballos a un debate de control político hoy, a las 9:00 a.m. en el Congreso, por 'desfigurar el cargo de comisionado de paz'.
En el debate, al que también está citada la canciller Claudia Blum, se analizará el papel de Cuba en los procesos de paz en Colombia y las agresiones del Gobierno contra este país.
Ceballos deberá precisar cuál es su mandato como alto comisionado para la paz, informar cuáles iniciativas legislativas ha presentado el Gobierno desde su posesión y el estado actual de la implementación del Acuerdo de Paz.
'Ya hemos pedido la renuncia del alto comisionado Ceballos, lo reiteraremos el martes (hoy) en la Comisión Segunda. Daremos los argumentos que demuestran que él ha desnaturalizado el cargo que está ejerciendo', anunció el senador Cepeda.
Por su parte, el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, señaló: 'El gobierno de Colombia fue el que llevó a la delegación del ELN para los diálogos de paz a Cuba y ahora la ataca por ello, yo no tengo más que agradecimiento con ese pueblo que me brindó su solidaridad en mi problema de salud personal'.
Por el contrario, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, calificó la carta de Cuba como 'una grave intromisión en los asuntos internos de Colombia'.
'Ellos no pueden cuestionar las decisiones internas de nuestro Gobierno, confunden su papel de garante en el Acuerdo con las FARC para presionar resultados sobre el ELN que nada tienen que ver. Además, no es una delegación de paz, sino de guerra, dedicada al terrorismo. Si el ELN quiere avanzar en una solución negociada que libere a los secuestrados, cesen las actividades criminales, dejen de reclutar menores y presenten las peticiones que tienen', expresó la senadora Valencia.
