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Este miércoles 26 de febrero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pondrá fin a las licencias para la exportación de petróleo que su predecesor, Joe Biden, concedió a Venezuela y explicó que esas concesiones, que beneficiaban a la petrolera Chevron, dejarán de estar vigentes a partir del 1 de marzo.

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Trump hizo el anuncio a través de un mensaje en su red social Truth Social, en el que criticó al “régimen” de Nicolás Maduro por no haber acelerado la deportación de los “criminales violentos” que, según él, Caracas envió a Estados Unidos y que debían haber sido repatriados “a un ritmo rápido”.

En su publicación, el mandatario afirmó que había decidido revocar las concesiones otorgadas en noviembre de 2022 por el Gobierno de Biden, que permitieron a Chevron aumentar su producción en Venezuela y exportar petróleo desde el país sudamericano.

La cancelación de las licencias otorgadas por la anterior Administración estadounidense a empresas como Chevron y la española Repsol, la producción venezolana, que alcanzó una media de 921.000 barriles por día (bpd) el año pasado, frente a los 783.000 de 2023, caerá entre un 25 % y un 30 %, es decir, hasta unos 644.700 bpd, indicó a ‘Efe’ el economista Oliveros.

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Es decir, la producción llegaría al nivel más bajo en 29 meses, desde agosto de 2022, cuando aún continuaba el férreo esquema de sanciones legado por Trump a Joe Biden, que en noviembre de ese año autorizó a Chevron a retomar operaciones limitadas en Venezuela, permiso con el que empezó a flexibilizarse la controvertida política de presión para sacar a Maduro del poder, sin éxito.

Otras consecuencias

En el primer año de actividades retomadas de Chevron, el bombeo de crudo venezolano pasó de 693.000 bpd a 801.000, un alza del 15,5 %, según cifras oficiales recogidas en informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Casi un año después del permiso a la estadounidense, Washington, en octubre de 2023, levantó varias sanciones por seis meses, lo que permitió a Venezuela ampliar su cooperación internacional en el ámbito energético, con la firma de acuerdos con empresas como Repsol y la francesa Maurel & Prom, que recibieron licencias de EE. UU. luego de que el país norteamericano reanudara las medidas.

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El pasado diciembre, Venezuela casi llegó al anhelado millón de barriles diarios, al llegar a 998.000 bpd, lo que supone una destacada mejora para un país que, si bien sigue lejos de los 2,89 millones de bpd de crudo que bombeaba a comienzos de siglo, se ha levantado del piso de 392.000 bpd que produjo en julio de 2020.

Un eventual cese de operaciones de las empresas extranjeras, según el economista Oliveros, se traduciría también en “menos ingresos en divisas” para el país, lo que conlleva una mayor “volatilidad cambiaria” y, por tanto, una aceleración de la inflación, advirtió el experto, que también destacó los puestos de trabajo que generan estas compañías.

Según analistas, buena parte de las divisas obtenidas a través del petróleo son inyectadas en el mercado nacional para mantener la oferta por encima de la demanda y controlar el precio del dólar, usado ampliamente en el país suramericano para cotizar bienes y algunos servicios.

Venezuela responde a EE. UU.

Venezuela aseguró este miércoles que, con la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de poner fin a las licencias para la exportación de crudo del país caribeño -concedidas por su predecesor, Joe Biden, y que beneficiaban a la petrolera Chevron-, “en realidad se está infligiendo un daño a los Estados Unidos, a su población y a sus empresas”.

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A través de Telegram, la número dos de la Administración chavista y titular de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, calificó de “lesiva e inexplicable” la medida, con la que, además, según la funcionaria, se pone en “entredicho la seguridad jurídica de EE.UU. en su régimen de inversiones internacionales”.

Estas licencias dejarán de estar vigentes a partir del 1 de marzo, según explicó Trump, quien criticó al “régimen” de Nicolás Maduro por no haber acelerado la deportación de los “criminales violentos” que, según él, Caracas envió a EE.UU. y que debían haber sido repatriados “a un ritmo rápido”.

En nombre de la Administración de Maduro -investido en enero pasado por la chavista Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para un tercer mandato, tras su cuestionada reelección en julio de 2024-, Rodríguez rechazó “categóricamente este tipo de acciones” que -aseguró- fueron “solicitadas públicamente por la oposición extremista y fracasada del país”.

Además, según la ministra, las sanciones impulsaron la migración entre los años 2017 y 2021, con “las consecuencias ampliamente conocidas”.

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“Venezuela seguirá su camino de recuperación económica integral garantizándola con el esfuerzo creativo de todos y en apego absoluto a su soberanía e independencia nacional”, agregó Rodríguez.