Los dos presos infectados por la COVID-19 en la cárcel judicial Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta, denunciaron el 'deplorable' estado en que se encuentra el lugar donde permanecen aislados.
Los hombres sostienen que 'si no los mata el virus, morirán por lo antihigiénico del sitio'. La queja también la expusieron sus familiares, quienes les pidieron al Gobernador y la Alcaldesa intervenir cuanto antes.
La inconformidad la puso de manifiesto de igual manera la Asociación de Familiares de Personas Privadas de la Libertad, quienes de la mano con fundaciones sociales que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos, hicieron el llamado a los entes de control, ya que consideran que se está mostrando un 'grave panorama de violación a los derechos'.
La cárcel Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta, tiene una capacidad para albergar a 312 personas. En la actualidad la población reclusa es de 1271, con un hacinamiento del 307,4%.
'Las personas privadas de la libertad no pierden su condición de seres humanos. Están protegidas por distintos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas', sostienen los denunciantes.
Al cierre de la noticia, desde el INPEC se gestionaba el traslado de los reclusos enfermos a un lugar más cómodo e higiénico.
