El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Fernando Bolaños, dictó este viernes medida de aseguramiento intramural contra el exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, por el polémico contrato del dengue en la península, suscrito por más de 17 mil millones de pesos.
El pasado 11 de septiembre, el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Julio Ospino, le había imputado los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y concusión, cargos que Ballesteros no aceptó.
La Fiscalía confirmó lo que EL HERALDO reveló hace un par de meses, acerca de que testigos del proceso señalaron que Ballesteros y su padre, el exsenador Jorge Ballesteros, les pidieron a los contratistas 200 millones de pesos en medio del desarrollo del contrato.
Por su parte, el pasado 18 de septiembre, Ballesteros pidió la palabra y aseguró que nunca pidió los 200 millones de pesos a los formuladores del convenio, como señala la Fiscalía, y que, en cambio, ellos fueron los que los ofrecieron.
'Las reuniones de las supuestas peticiones de dinero se dieron en la gobernación de Sugeila Oñate, no en la mía. (...) Nunca hubo una solicitud de parte mía de recursos, pero ellos sí, como lo dice el propio formulador del proyecto Juan Pablo Sierra, ofrecieron dineros a mi padre', aseguró el exmandatario,.
Y el pasado 8 de agosto, el juez 27 de Conocimiento de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Freddy Díaz, contratista del convenio del dengue, pero dejó libres al exsecretario de Salud de La Guajira, Gonzalo Araújo y a su exasesor jurídico, Marcos Pedraza.
Reveló también este diario hace un par de meses que un nuevo testigo de la Fiscalía contó la forma como en medio del cuestionado contrato del dengue se contrataron a los propios familiares de los funcionarios y de los contratistas, por millonarias sumas de dinero y sin trabajar un solo día.
Y desde juliode 2016, este medio ya había revelado que en medio del convenio 019 de 2014, con recursos de regalías, hubo, según la interventoría de la Universidad Nacional, aparentes pagos millonarios por caja menor sin soportes, disminución del personal a contratar para obtener mayores ganancias y giros anticipados que no estaban establecidos en el contrato, entre otras anomalías.
