Tres crímenes, tres capturas, mismas víctimas: los niños. Albanis del Carmen Báez Fernández, Yasli Carolina Ortega Bastidas y una joven de 17 años no comparten parentesco familiar ni mucho menos se llegaron a conocer; sin embargo, sus vidas coincidieron tras los hechos trágicos que terminaron en sus feminicidios.
En lo corrido del año van cinco casos de este tipo en Barranquilla y su área metropolitana, toda vez que a lo largo del año pasado la cifra llegó a nueve. Entre tanto, según la Corporación Sisma Mujer, los feminicidios en Colombia aumentaron en 2021 un 12,3 % con respecto al 2020, ya que 210 mujeres fueron asesinadas en casos de violencia, la mayoría de ellas menores de 30 años.
A pesar del dolor y el duelo con el que están viviendo las familias, procuran sacar adelante a los menores que quedan desamparados y que muchas veces no saben, siquiera, lo que ha ocurrido en el interior de sus hogares.
Frente a ese escenario, EL HERALDO consultó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para conocer la ruta de atención que ofrece a los menores que se han visto inmersos en estos casos, los cuales son considerados víctimas indirectas de estos hechos.
Las autoridades señalan que ante un caso de feminicidio, los menores quedan en 'situación de amenaza y/o vulneración de sus derechos', por lo que el ICBF junto a un equipo interdisciplinario 'hacen la verificación de derechos y, de acuerdo con ello, un defensor de familia inicia el proceso y toma la medida de protección más adecuada conforme a las necesidades del menor'
