De un lado, jardines y piscina, del otro, miseria y neblina. En las alturas de un cerro de Lima, un muro separa un barrio rico de otro pobre. Para unos vecinos es sinónimo de seguridad; para otros, de discriminación. Un juez evalúa si la construcción puede seguir allí.
En la zona este de la capital peruana, un muro de 10 km, hecho de concreto y con un alambrado tipo prisión, divide el acomodado Surco de la humilde San Juan de Miraflores. Empalma otro de piedras apiladas y con un alambrado de púas, que se extiende por 4,5 km entre el populoso Villa María del Triunfo y el exclusivo La Molina.
Es esta segunda obra, construida por La Molina, motivo de demanda. Para llegar a ella por el lado de Villa María, hay que andar sobre vías plagadas de piedras afiladas y tierra muerta, que resucita con cada pisada, como quien lanza un puñado de talco al aire.
Tras subir por cuestas y una interminable escalera de cemento se corona la cima, allí donde la niebla convive con la gente. Las casas son de madera, techos de zinc y no hay agua potable.
Por el 'lado rico' hay pendientes y algunos accesos afirmados. La Molina detalla que ha sembrado árboles en 25 de 300 hectáreas del sector, una zona destinada a ser parque ecológico. A la altura del sector La Alborada, una especie de 'check point' permite el cruce de Villa María a La Molina.
Guardias municipales del 'lado rico' custodian el ingreso en una caseta. No hay restricciones. Bien lo saben decenas de habitantes del 'lado pobre' que trabajan en el servicio doméstico del 'lado rico' y descienden por allí.
En tiempos de crítica a iniciativas de colocar muros entre fronteras, esta muralla de piedra separa, con o sin intención, a dos 'Limas', en la capital de un país con una de las economías más sólidas de la región.
- ¿Libre tránsito? -
El ciudadano Carlos Hinostroza, quien dice representar a los vecinos de Villa María, ha planteado una acción judicial contra el alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, para demoler el muro.
A su juicio, el muro discrimina y restringe el libre tránsito de unas 2.000 personas del sector, pues muchos de ellos no viven cerca del punto de acceso. 'Hay gente que quiere bajar y el único acceso es por ese lado, le obligan a venir por aquí. No pueden caminar porque han puesto un cerco de alambrados y eso es inconstitucional', dice Hinostroza a la prensa, al pie del muro.
