El Mapa de Riesgos Electorales 2022, revelado por la Misión de Observación Electoral (MOE), en el que 319 municipios –el 28 % del país– aparecen expuestos a factores de violencia que podrían alterar el normal desarrollo de los comicios o afectar el libre ejercicio del voto, muestra la fragilidad de la seguridad en, al menos, cinco subregiones, donde reconocidas estructuras criminales, como las disidencias de las Farc, el Eln o el Clan del Golfo, han reconfigurado sus fuerzas para disputarse el control de las economías ilegales, generando gravísimos impactos humanitarios entre la población civil.
Dicho de otra forma, el terrorismo intenta poner en jaque a la democracia en 23 de los 32 departamentos, en especial en 145 municipios que ahora son parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, en los que las víctimas del conflicto armado –por primera vez– elegirán a 16 miembros de la Cámara de Representantes. Ante el recrudecimiento de la violencia, cabe preguntarse ¿si existen o no garantías para que los ciudadanos hagan proselitismo político o voten con total libertad por sus candidatos en el Catatumbo, Arauca, Sur de Bolívar, Nordeste de Antioquia, Chocó, bajo Putumayo, Orinoquía, Amazonía o el Andén Pacífico?
Difícil escenario que plantea desafíos enormes a las autoridades del orden nacional y local, así como a las organizaciones políticas, a las que con sobradas razones la MOE llama a realizar, cuanto antes, comisiones de seguimiento electoral a fin de establecer “rutas de acción” concertadas, de carácter preventivo. A 32 días de los comicios legislativos y de las consultas de las coaliciones multipartidistas, la amenaza de los armados ilegales con sus bien orquestadas dinámicas de violencia organizada, para incidir e insertarse en la agenda política de los territorios, exige definir estrategias de seguridad, so pena de retornar a los peores momentos de violencia electoral de la historia reciente.
La escalada violenta de las primeras semanas de 2022, en la que se registraron desplazamientos, ataques a delegaciones humanitarias, atentados a líderes sociales, políticos y comunales, así como acciones coordinadas contra la Fuerza Pública en distintos puntos del país, anticipa un proceso electoral convulsionado que precisa de atención especial. Lejos estamos hoy del escenario de reducción de la confrontación armada tras la firma del Acuerdo de Paz, en el que se celebraron los comicios de 2018. El escalamiento del conflicto no deja dudas frente al avance de la actual crisis humanitaria.
El análisis electoral de 2022 elaborado por la MOE también tiene un capítulo de factores indicativos de fraude electoral, clientelismo, uso de la contratación pública con fines electorales y financiación irregular de campañas, igualmente inquietante. Si hablamos de Senado, cerca del 29 % de los municipios del país, unos 323, presentan riesgos; mientras que en la Cámara de Representantes, la cifra es de 335, casi el 30 % del territorio nacional. Para tener en cuenta, 18 municipios, entre ellos Piojó, Suan y Usiacurí, en Atlántico, y Uribia, en La Guajira, comparten máximos riesgos por falta de transparencia en el proceso de elección de ambas corporaciones. Situación bastante comprometedora que demanda seguimiento diferencial de las autoridades electorales, Fiscalía y Procuraduría para hacerle frente.
Al final, si se contrastan los riesgos por violencia y fraude electoral, la atención se concentra en 131 municipios donde las condiciones electorales y democráticas, advierte la MOE son “absolutamente difíciles” por las posibilidades reales de “corrupción o modificación de resultados”, entre ellos Montecristo, en Bolívar; Galeras, en Sucre; o Puerto Libertador y Tuchín, en Córdoba. Se necesitan mayores esfuerzos, muchos más, para fortalecer la vigilancia y control en la financiación de las campañas políticas, al igual que para ofrecer seguridad a la ciudadanía convocada a ejercer su derecho al voto en la Colombia profunda. Sin una intervención integral, contundente y constante que vincule a una institucionalidad robusta y a una sociedad civil participativa, la “calidad de la democracia” se perderá. Conviene hacer todo lo que sea posible, apostando por fortalecer el Estado de derecho en los territorios, para evitar que esto suceda. Sería lo más perverso que nos podría suceder.
