Una grave crisis social y económica afrontan las 537 empresas de transporte intermunicipal de pasajeros del país por cuenta de la pandemia de coronavirus. Desde hace más de dos meses, cuando inició la cuarentena y para garantizar el aislamiento preventivo obligatorio de los ciudadanos, el Gobierno decretó la suspensión de sus operaciones, garantizando solo la prestación de mínimos servicios de transporte, entre ellos el público, el de carga y almacenamiento y los vuelos humanitarios y de mercancías.
En Colombia, se estima que un millón de familias vive de lo que produce esta actividad, que genera 125 mil empleos directos y 600 mil indirectos. La fuerte crisis golpea a todos los eslabones de esta importante cadena productiva de la economía nacional, que incluye a las terminales de transporte, a quienes importan los equipos para los vehículos y los comercializan, hasta los mecánicos o latoneros encargados de su mantenimiento, pasando por los trabajadores de los lavaderos y de restaurantes. Con los buses quietos en los parqueaderos de todo el país, 70 mil conductores están hoy de brazos cruzados y con el contrato suspendido por decisión de las empresas transportadoras que no tienen cómo pagarles porque su generación de recursos depende del quehacer diario. Adicionalmente, unos 50 mil pequeños propietarios podrían perder sus automotores debido a que ya empezaron a colgarse con las cuotas del crédito.
La situación arrincona cada vez más a este gremio que estima pérdidas diarias de 7 mil millones de pesos por la parálisis del 97% de sus operaciones. Por eso, advierte que si esta se prolonga durante junio, como ya lo anticipó el presidente Iván Duque, no tendrá más remedio que terminar los contratos de sus empleados y ordenar despidos masivos. Antes de llegar a ese escenario tan complejo, del que podría ser muy difícil salir en un corto plazo, sus dirigentes le piden al jefe de Estado reconsiderar su decisión y proponen una reactivación inmediata de su actividad a partir del 1 de junio.
Dicen estar listos para volver a rodar por las carreteras nacionales de forma segura, aplicando protocolos de bioseguridad y garantizando el distanciamiento social. Su iniciativa también plantea una serie de peticiones para hacerle frente a la profunda crisis financiera a la que los condujo la emergencia sanitaria por la COVID-19. Aseguran que nada se resolverá y su quiebra será inminente si reinician labores con la capacidad de los buses a la mitad porque sus ingresos serán mínimos; así que le piden al Gobierno colombiano que subsidie una parte de la tarifa. También este sector aspira a obtener una reducción en el precio del combustible y de los peajes, un acuerdo con la banca privada para que otorgue un período de gracia a los créditos de las empresas y una línea exclusiva con Bancoldex, entre otros temas.
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que ya conoce las demandas de los transportadores, se mostró dispuesta a diligenciarlas y a buscar, además, rebajas en el pago del SOAT, exoneración del cobro del IVA a proveedores de repuestos, equipos y suministros de la cadena de transporte, así como a gestionar la aprobación del anticipo del pago de Retefuente. Sin embargo, los representantes del sector esperan respuestas más concretas y en lo posible, inmediatas porque su crisis se agrava con el paso de los días. En esta coyuntura en la que los efectos de la pandemia tienden a agudizarse por su prolongación en el tiempo, se debe dar un paso decisivo para alivianar la situación de los transportadores intermunicipales, un sector clave que no se puede dejar solo. Ellos son los que conectan a Colombia vía terrestre y movilizan 550 millones de pasajeros al año, 14 veces más usuarios que los que mueve el transporte aéreo en ese mismo lapso. Vale la pena tenerlo en cuenta.
