Barranquilla y el resto del Caribe colombiano soportan la severidad de un calor asfixiante. Temperaturas de hasta 36, 37, 38 grados centígrados, cielos totalmente despejados, baja nubosidad y la ausencia de viento han hecho de las últimas jornadas toda una prueba de resistencia física para los miles de ciudadanos que no tienen otra opción que salir a la calle a pleno rayo de sol. Lo que aparece como una molestia cotidiana es, en realidad, la señal tempranera de retos significativos que han ido configurándose silenciosamente, mientras la nación se encuentra distraída en la contienda electoral para elegir al próximo presidente.
Llegados a este punto, los expertos coinciden en que las actuales condiciones obedecen a la consolidación del fenómeno de El Niño, uno que podría ser el más fuerte de las últimas décadas. En Colombia, el Ideam confirmó que se están registrando olas de calor y aumentos sostenidos de temperaturas máximas por encima de los promedios históricos en la región Caribe e Insular. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), por su parte, advierte que este ‘Niño’ tiene todo para potenciar sequías, disparar termómetros, desencadenar eventos extremos y, en suma, añadir presión adicional a un planeta que está cada vez más caliente.
De modo que la ciencia ha hablado con claridad. Lo preocupante es que, como otras veces, la respuesta institucional parece ir rezagada ante la velocidad de las amenazas inminentes.
Esto no solo es un asunto de calor, que ya es bastante. ‘El Niño’ tiene la capacidad de alterar simultáneamente varios de los sistemas que sostienen la vida económica y social del país. Menos lluvias significan menores caudales en ríos, disminución de niveles de los embalses, afectaciones a acueductos, pérdidas en la producción agrícola y pecuaria y mayores riesgos para la salud pública, en especial de niños, adultos mayores y otras poblaciones vulnerables.
Ahora, no se trata únicamente de garantizar el agua. Lo que está en juego es la seguridad alimentaria de la gente, la estabilidad del sistema energético, la productividad económica y la capacidad del Estado para responder a una emergencia o crisis estructural que puede ser de gran escala. En consecuencia, si no se adoptan ya medidas preventivas para proteger reservas hídricas y garantizar el abastecimiento de servicios básicos, Colombia lo lamentará.
Y es en el frente energético donde se levantan las mayores alertas. El Consejo Gremial ha lanzado un S.O.S. que no se puede ignorar en vista de la coyuntura. ¿Qué tenemos hoy ad portas de ‘El Niño’? Embalses por debajo de los niveles recomendados, crecimiento histórico de la demanda eléctrica impulsada por las altas temperaturas, déficit de energía firme que se había advertido hasta la saciedad, retrasos considerables en la entrada de los nuevos proyectos de generación y transmisión y una crisis de liquidez que supera los $2,6 billones por las deudas acumuladas de Air-e intervenida, particularmente con las térmicas.
En efecto, las generadoras térmicas —como lo han demostrado en anteriores episodios de ‘El Niño’— terminan salvando al país de un apagón. Pero, si no cuentan con la liquidez para adquirir el combustible para su operación, porque Air-e intervenida por Superservicios no les paga, su capacidad de respuesta ante una sequía prolongada podría verse seriamente comprometida. Si a esta compleja situación se le suma la creciente dependencia del gas importado, que cubre ya el 26 % de las necesidades nacionales, lo que comienza a perfilarse es la posibilidad real de restricciones en el suministro de energía por falta de confiabilidad.
El Ejecutivo saca pecho por la energía adjudicada en recientes subastas, pero es necesario recordarle que solo estará disponible desde 2029, demasiado tarde para enfrentar el reto inmediato, y que los proyectos de renovables ya en operación no cubren la actual demanda.
La historia ofrece una lección que Colombia jamás debe olvidar. Racionamientos similares a los de los noventa tendrían enormes costos económicos y sociales. El Gobierno que va de salida y el que asuma el 7 de agosto deben actuar como si una eventual emergencia ya hubiera comenzado. No basta con reaccionar cuando aparezcan los primeros síntomas de desabastecimiento. Es indispensable acelerar el pago de las obligaciones pendientes con el sector energético, destrabar los proyectos estratégicos, cuidar los embalses, garantizar el suministro de combustibles e impulsar una cultura nacional de ahorro de agua y de energía.
Colombia tiene mala memoria. La experiencia demuestra que las crisis no suelen producirse por la falta de advertencias, sino por la incapacidad de escucharlas a tiempo. El margen de maniobra se reduce cada día. Ignorar las señales de alerta sería una irresponsabilidad histórica porque, cuando la crisis estalle, será demasiado tarde para cuestionar la inacción.







