Da es tristeza e indignación anticipar que la suerte parece estar echada para el próximo 8 de marzo. Sin ambages, EL HERALDO ha dado cuenta de estrategias corruptas o clientelares puestas en marcha por campañas políticas para incidir en los resultados electorales del Congreso, en especial de la Cámara de Representantes. Historias hilvanadas a través de relatos de líderes sociales de Barranquilla y municipios que nos lanzan al abismo de siempre.

La compra de votos no es una irregularidad menor. Tampoco una “tradición cultural” naturalizada por generaciones ni una “viveza” tolerable. Seamos claros: estamos ante un delito que socava la esencia misma de la democracia y convierte el derecho al sufragio del ciudadano en una transacción mercantil. En el Atlántico, esta práctica se ha sofisticado al punto de que ha adquirido rasgos de economía clandestina, con redes organizadas desde el poder político que trafican conciencias y secuestran la voluntad popular, en particular entre los más vulnerables, a los que les resulta prácticamente imposible resistirse o decir que no.

Cada vez menos la comisión de este delito electoral ocurre durante la jornada electoral. Ya el ‘mochilero’ no está en la esquina del puesto de votación esperando la salida de su grupo. Es más, los intermediarios —apelando a la tesis del impacto económico del alza del salario mínimo en el costo de vida— exigen a las maquinarias que suban el valor asignado al voto.

En municipios como Luruaco, las campañas recurren a domiciliarios para entregar los sobres con dinero, camuflando el pago como si se tratara de un servicio cotidiano. La doble trampa burla el control institucional y extiende esta sinvergüenzura entre comunidades golpeadas por la necesidad. En el área metropolitana de Barranquilla, el fenómeno alcanza niveles obscenos. En Soledad, el “precio” del voto llega a $300 mil, con combos que incluyen pagos separados por Cámara y Senado, más dinero para el transporte hasta el lugar de votación y, claro, para el refrigerio. De manera descarada, la democracia se subasta al mejor postor.

En las zonas rurales del departamento, el panorama es aún más grave. En corregimientos apartados, el voto se paga con mercados e incluso animales para no dejar rastro financiero. La práctica confirma un desprecio absoluto por la ciudadanía, porque se instrumentaliza la pobreza, inclusive se presiona a beneficiarios de programas sociales y hasta se pasa lista, como si el elector fuera un rehén de la dádiva. De hecho, en Campo de la Cruz, los líderes denuncian caravanas que a diario recorren los barrios más humildes con planillas en mano, otorgando beneficios a cambio del respaldo político, como si se tratara de algo común y corriente. ¿Dónde están los organismos de control o las autoridades? Bastante sospechoso.

Las consecuencias son desoladoras. La Misión de Observación Electoral (MOE) advierte que buena parte de los municipios del departamento presenta riesgos electorales significativos, con casos extremos como el de Tubará y alertas graves en Piojó, Usiacurí y Juan de Acosta. Allí, la alta participación atípica no es señal de civismo, sino indicio de coacción, clientelismo y fraude. También inquietan los patrones inusuales en Puerto Colombia, Repelón y Baranoa.

Comprar votos no solo distorsiona los resultados, equivale a capturar el Estado, perpetuar a las maquinarias corruptas y estirar la utilidad de la democracia hasta volverla inaccesible para proyectos políticos legítimos. Cada sufragio pagado es una derrota o un fracaso para la representación, un incentivo para la ilegalidad y un mensaje perverso de que el poder político se obtiene pagando por él, no convenciendo al ciudadano en el debate de las ideas.

Combatir este delito exige sanción efectiva, control real y, sobre todo, una ruptura cultural. Es indispensable que se entienda que vender el voto es renunciar a la voz propia y entregar el futuro colectivo a quienes hacen del delito su programa político. Quienes piden el voto para un candidato, un partido o una casa política, a cambio de asegurar su continuidad laboral, coaccionando a sus empleados, cometen un delito. Juegan con cartas marcadas y lo saben, pero se reconocen impunes hasta que dejen de serlo. Luego se quejan de que la política y la mentira se entrelazan, causando un daño a las instituciones democráticas que resulta difícil de revertir. Votar a conciencia, informado y en libertad no es una utopía, sino un derecho.