La mentira dura mientras la verdad llega. Y en el caso del general Edwin Urrego y del coronel Óscar Moreno, la realidad que esconde su injusto retiro de la Policía Nacional, ordenado por el presidente Gustavo Petro e instigado por su círculo más cercano, comenzó a abrirse paso con una fuerza imparable.

Poco a poco se derrumba el andamiaje de una emboscada que, de no ser por la reacción pública y las evidentes grietas en el relato del mandatario, habría quedado oculta bajo el intimidante rótulo de “informe de la Dirección Nacional de Inteligencia”. Hoy, esa coartada pierde sustento a la misma velocidad que surgen preguntas.

La historia del presunto complot para poner droga en un vehículo presidencial —argumento que precipitó la salida fulminante de Urrego, sostenida en un anónimo, inconsistencias temporales y una cadena de decisiones sin el más elemental rigor— resulta inquietante y profundamente perturbadora.

¿Cómo es posible que un texto de origen incierto hubiera escalado sin filtros ni contrastes escrupulosos hasta convertirse en un documento con sello oficial, capaz de acabar con la carrera de un general de la República de conducta intachable?

En un Estado que se proclama garantista, cuesta entender cómo una denuncia sin rostro, sin pruebas ni verificación, a todas luces falsa, acaba teniendo más peso que una trayectoria de servicio a la nación, construida durante décadas.

Aquí la pregunta ya no es solo quién redactó el fraudulento anónimo, sino quién decidió creerle y cuál fue el intercambio de favores que facilitó que semejante bajeza fuera elevada a categoría de verdad institucional.

La versión de la DNI se desmorona con la denuncia de José Fernando Picalúa, presidente de la Veeduría Pro-Sabanilla, quien asegura haber sido suplantado. Terceros, según su relato documentado ante la Fiscalía, utilizaron su correo electrónico para enviar una falsa denuncia que derivó en el anónimo del supuesto complot contra Petro. El abogado jamás redactó ese mensaje.

No solo eso. Como le dijo a EL HERALDO, respalda la gestión de Urrego en Puerto Colombia, donde el general ordenó una depuración interna de policías vinculados a redes de despojo de tierras, de la que hacen parte expertos invasores y estructuras criminales que han operado décadas con preocupante impunidad.

Esa ofensiva contra intereses enquistados explica, más que cualquier fantasía conspirativa, por qué Urrego, cuando estuvo al frente de la Metropolitana de Barranquilla, y Moreno, su comandante del Primer Distrito de Riomar, con influencia en el municipio, se volvieron una piedra en el zapato. Pisaban callos sin saberlo, mientras se dedicaban a cumplir su deber.

En ese sentido, no se sabe qué resulta más grave. Que el anónimo se redactara como un instrumento para causar el peor de los daños, justo después de que el general Urrego y el coronel Moreno —desde mayo de 2025, tras la invasión de un lote en Salgar— identificaran a policías al servicio de los despojadores de tierra y resolvieran actuar, ordenando traslados.

O que la Dirección Nacional de Inteligencia, que en este gobierno ha ido de mal en peor, hubiera sido tan torpe o complaciente como para no advertir que estaba siendo utilizada como instrumento en una infame vendetta con intención de sacar del camino a los oficiales.

En este escándalo ha emergido el nombre de Saúl Leyva, el hombre fuerte de la seguridad de Puerto durante las últimas tres administraciones, una figura clave en el municipio donde el poder político, administrativo y económico —lo sabemos bien— no tolera interferencias.

No es descabellado concluir que el objetivo real de la confabulación era la preservación del entramado de intereses que debía apartar, a como diera lugar, a quienes alteraron el statu quo funcional y rentable de los artífices de la ilegalidad. Esos mismos que, ha trascendido, promovieron la recolección engañosa de firmas ciudadanas para incriminar de corruptos a los oficiales, haciéndole creer a la comunidad que respaldaban sus iniciativas de seguridad.

Ahora que la mentira exhibe sus cortas patas, dos ministros optan por lavarse las manos. El de Defensa y el saliente de Justicia coinciden en que Petro habría sido desinformado. Su admisión de que se pudo haber cometido una injusticia, lejos de cerrar el capítulo, abre una reflexión sobre el uso deliberado de la inteligencia estatal para dirimir venganzas personales y proteger la convergencia entre los intereses locales y los engranajes del poder nacional.

Este vergonzoso episodio exige una investigación integral, no evasivas ni deslindes tardíos. Urrego y Moreno tienen las claves para determinar quiénes aparecen detrás del complot que los sacrificó, quiénes lo respaldaron y quiénes miraron hacia otro lado. El costo de este juego fue demasiado alto.

Se destruyeron carreras y reputaciones, se degradó la inteligencia nacional y se envió un mensaje demoledor a los que, con valentía, evidencian los corruptos intereses enquistados en el poder político. Aclarar lo que pasó hasta llegar a la verdad será un acto de justicia para los oficiales, pero sobre todo pondrá a prueba a la institucionalidad, que tendrá que demostrar si es capaz o no de corregir el rumbo luego de ser capturada por quienes se acostumbraron a usar cínicamente el aparato del Estado en su propio beneficio.