Dejemos de mentirnos. Si bien es cierto que Venezuela no es la misma de hace poco más de un mes, cuando el dictador Nicolás Maduro fue extraído de su país, al lado de Cilia Flores, su esposa, en una operación de fuerzas élites de Estados Unidos, también lo es que el vecino aún está lejos de volver a ser una democracia plena, legítima y soberana, libre de la voraz cleptocracia de la que hace parte la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien fue puesta al frente de un remedo de gobierno tutelado a control remoto —desde la Casa Blanca— por Donald Trump, que reconoce en la heredera del chavismo a una leal y sumisa colaboradora.
En consecuencia, el tablero de poder en Caracas no está claro. Sí, Maduro ya no está, pero el régimen continúa vivo con figuras que, lejos de orientar sus acciones hacia una genuina transición democrática, parecen seguir al pie de la letra un libreto dictado por las nuevas prioridades de política exterior de Washington, a cambio de aliviar sanciones. En ese marco, Rodríguez ha transitado de la usual retórica de confrontación al pragmatismo negociador, asegurando control interno mientras ofrece mínimas garantías de estabilidad o convivencia.
Es indiscutible que la mandataria ha producido gestos de distensión en las últimas semanas: ordenó la liberación de presos políticos, anunció una amnistía general y el cierre del centro de torturas de El Helicoide y abogó por cooperación multilateral, sobre todo con EE. UU., en una agenda económica y de normalización, con la apertura del sector petrolero al capital extranjero. Sin embargo, ese discurso no está acompañado del todo de señales claras de democratización, reconciliación nacional ni de controles efectivos a la corrupción y al poder castrense. Es más, su gobierno interino mantiene evidentes rasgos del represor y autoritario aparato chavista que ha coaptado por completo el Estado venezolano desde hace 27 años.
Todo indica que la oposición, liderada por la nobel de paz María Corina Machado, quien representa el anhelo de transición auténtica, habría aceptado las actuales reglas de juego pactadas entre Caracas y Washington. No por convicción, sino por la ausencia de alternativas inmediatas. La dirigente atesora un capital político innegable por la legitimidad electoral que obtuvo durante los comicios de 2024, cuando ganó su candidato, Edmundo González. Machado insiste en que la transición debe estar centrada en la voluntad popular y se muestra dispuesta a dialogar con Rodríguez para acordar pasos concretos. Su estatura moral contrasta con una administración que carece de toda autoridad democrática y legal.
Venezuela enfrenta hoy un punto de inflexión que mezcla una especie de alivio simbólico e incertidumbre por su futuro. Cerrado el capítulo de Maduro, los ciudadanos se preguntan si será posible una transición democrática real, con una hoja de ruta secuencial y verificable. Entre otras razones, porque no existe certeza alguna de quién realmente dirigirá el proceso.
El camino hacia la democracia —liberación de todos los presos políticos, regreso seguro de exiliados, conformación de instituciones independientes, sobre todo en el poder electoral, y comicios libres, justos y transparentes— exige un liderazgo que vaya más allá de alianzas circunstanciales o agendas económicas. Sin ese compromiso, lo que se fragua podría no ser una transición auténtica, sino una recomposición del antiguo régimen bajo nuevas formas.
La historia reciente de Venezuela revela que, sin consensos políticos ni elecciones libres, el conflicto interno apenas cambia de forma para empeorar. A partir de ahora, la verdadera prueba será saber si la transición abre espacios de soberanía y participación real para todos los venezolanos o si factores externos e intereses de élite reconfiguran el mismo statu quo autoritario. Está claro que cualquier diseño que derive en absoluta impunidad erosionará la legitimidad del nuevo orden, sea cual fuere, y sembrará inestabilidad futura en el territorio.
El camino aún es largo. Rodríguez debe cesar las inhabilitaciones políticas, desmantelar las estructuras parapoliciales, subordinar la fuerza pública al poder civil, fijar un calendario electoral cierto, restablecer la libertad de prensa y dar forma a un mecanismo de justicia transicional que determine verdad, reparación y responsabilidades. Quizás sea pedir demasiado, pero es el deber ser de las cosas. Lo otro es un equilibrio imposible de sostener.
