La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar la campaña Petro Presidente por violar topes de financiación y recibir aportes prohibidos constituye un hito en la historia de nuestro país político, habituado desde siempre a saltarse las normas. Pese a antecedentes de tesoreros condenados, Santiago Medina o Roberto Prieto, nunca antes una campaña presidencial —en sí misma— había sido castigada por la máxima autoridad electoral, lo que ha desatado la ‘ira santa’ del jefe de Estado y de su círculo más cercano.
Palabras más, palabras menos, el fallo demuestra cómo la campaña de Petro hizo trampa. Por una parte, excedió los límites de financiación establecidos, tanto en primera y segunda vuelta, en más de $3.500 millones. Y, por la otra, recibió aportes prohibidos, por proceder de personas jurídicas, de los poderosos sindicatos Fecode y la USO, y de partidos políticos.
Para el CNE, que defiende la transparencia de su proceder, los gastos irregulares y las contribuciones no reportadas fueron el producto de una cadena de responsabilidades que compromete no solo al entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, sino también a Colombia Humana y a la Unión Patriótica. Asunto sensible que enrarece aún más el actual momento político y profundiza tensiones, justo cuando la izquierda intenta recomponer sus fuerzas de cara a las cruciales elecciones del próximo año.
No cabe duda de que la decisión puso en evidencia la precariedad de los controles internos y expone la incapacidad o desidia de quienes debían actuar con rigor. Roa aparece como el principal sancionado con una multa de $ 5.900 millones y su permanencia en la empresa más grande del país resulta cada día más incómoda. Primero, por razones éticas, y luego, porque es una amenaza a la reputación y gobernanza corporativa de una compañía ya golpeada por conflictos internos, intereses políticos y un entorno financiero adverso. Que Ecopetrol mantenga como su cabeza a un sancionado es, por decir lo menos, insostenible.
Carente de serenidad institucional, Petro descalifica al CNE y lo acusa de instigar un “golpe de Estado” y de responder a “mafias” u “oligarquías”. El previsible modus operandi del mandatario, dirigido a erosionar la legitimidad del órgano electoral, cuya decisión final fue adoptada por mayoría, se enmarca en su usual narrativa de victimización. Expuesto por fallos o sentencias que no le favorecen, el presidente —en un habilidoso giro argumental— logra pasar de cuestionado a víctima o a denunciante de persecución política, mientras reactiva su discurso de una asamblea constituyente, para mantener a sus bases movilizadas.
Más allá del relato, la realidad es que para el Pacto Histórico y la izquierda, en general, el fallo representa un duro golpe. Las sanciones contra la Colombia Humana y la UP, cada una por $583 millones, bloquean temporalmente su fusión en un único partido y complican la conformación de listas unificadas del Pacto para 2026. Con el plazo límite del 8 de diciembre a la vuelta de la esquina, la coalición enfrenta el dilema de pagar las multas para cerrar el caso —asumiendo su responsabilidad política— o apelar, arriesgándose a ir dividida a unos comicios, en los que superar umbrales será fundamental para su supervivencia institucional.
Lo más delicado es que, a estas alturas, a pesar de que el senador Iván Cepeda, ganador de la consulta interpartidista del Pacto Histórico, encabeza las recientes encuestas de intención de voto, su partido aún no tiene personería jurídica. Sin duda, la encrucijada es mayúscula.
En conclusión, los efectos políticos de la sanción contra la campaña Petro presidente, la renuncia de la que se habría arrepentido Miguel Uribe Londoño —que ha desatado caos en el Centro Democrático— y el termómetro electoral de las encuestas que puso en su sitio a candidatos inviables, confirman razonables dudas sobre el incierto futuro del fragmentado tablero político del 2026. ¿Seguimos en la hipótesis de que se debe esperar hasta marzo?
