Siete menores de edad que fueron abatidos en desarrollo de operativos militares contras las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare, tienen hoy a Colombia en una nueva contienda política.

Infortunadamente el deplorable caso que ha provocado los pronunciamientos y rechazos de diferentes entidades del Estado y de organismos internacionales, como no podría ser de otra manera, se produce en un momento de alta tensión y polarización política del país, lo que termina desdibujando el foco central de este conflicto, que es el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales, consolidados como nunca antes y posicionados ocupando cada vez más territorios usando como escudos humanos a los niños, niñas y adolescentes.

Lo acontecido durante el último fin de semana con estos hechos tiene varios frentes de análisis: el militar, el humanitario y el político.

En lo militar es la obligación del Estado combatir con todas sus capacidades y recursos las organizaciones criminales que atentan contra la seguridad de la población civil, por tanto no es cuestionable que las Fuerzas Armadas cumplan con su misión y responsabilidad institucional.

Lo cierto es que, como lo exige el Derecho Internacional Humanitario, es imprescindible que se observen todas las precauciones posibles, por ejemplo emplear a fondo las labores de inteligencia, porque “está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente necesarias. La fuerza no puede ser excesiva con relación a lo que resulta necesario para alcanzar el objetivo, aunque sea legítimo”, explicó la Defensoría del Pueblo al pronunciarse sobre lo ocurrido.

Ya ha dicho la Justicia Penal Militar que será la responsable de investigar y determinar cómo se planeó, cómo se ejecutó y los resultados de la operación en la que murieron los siete menores, garantizando que se verificará “si las acciones empleadas por los miembros de la fuerza pública se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”.

Ahora bien, en lo humanitario, los niños gozan de una protección especial en lo general, estipulada por el DIH, en caso de conflictos armados internacionales o no. Además el Convenio de Ginebra y los Protocolos adicionales de 1977 mantienen esa protección, aun cuando los menores “participen directamente en las hostilidades”.

Será la justicia militar entonces la que determine si hubo o no violación al DIH en el caso de este bombardeo en el que no está del todo claro aún si las Fuerzas Militares sabían de la presencia de dichos menores en la zona objetivo del operativo ordenado por el presidente Gustavo Petro.

Pero indudablemente el gran problema en Colombia es el crimen de guerra cometido por las organizaciones ilegales al reclutar menores. Cifras de la Defensoría del Pueblo estiman que en lo que va del año han sido reclutados 162 niños, niñas y adolescentes. Al ofrecer las explicaciones sobre el bombardeo en Guaviare, el ministro de Defensa, Pedró Sánchez, cuestionó vehementemente: “Aquí deberíamos es estar rechazando a los criminales. ¿Por qué no escucho una voz rechazando a quienes reclutan a los menores? ¿Por qué? A ellos son los que tenemos que rechazar”.

La razón es, ministro, absolutamente política, la más mezquina y que se le está devolviendo al presidente Gustavo Petro y a sus copartidarios, quienes en su momento, cuando ejercían como oposición del gobierno de Iván Duque, atacaron y cuestionaron duramente al Ejecutivo por el operativo militar en Caquetá en 2019, en el que murieron ocho menores.

Como arma política de oposición, entre las tantas que se usaron entonces, como el estallido social, la primera línea y las bodegas de redes sociales, llamaron a moción de censura al entonces ministro Guillermo Botero, al punto de hacerlo renunciar. ¡Qué paradoja! Una cosa es hacer oposición y otra gobernar. Toda la indignación provocada fue parte de la estrategia para que el petrismo llegara a ocupar la Casa de Nariño. Hoy el señor presidente está del otro lado de la historia, esa que arbitrariamente se repite y es un círculo vicioso, al parecer inacabable para el país.

Es hoy el antipetrismo el que tiene en tela de juicio al presidente y le pasa cuenta de cobro por ordenar un bombardeo militar en el que cayeron niños, niñas y adolescentes. Una mala hora para Gustavo Petro, a quien la incoherencia de sus discursos y de sus acciones le están devolviendo como un bumerán todas sus estrategias como opositor.

Esta semana se anuncia la citación de moción de censura contra el general en retiro Pedro Sánchez, quien seguramente, y como lo declaró, actuó bajo el convencimiento de cumplir la ley, y tanto él como el presidente han intentado justificar la acción militar. Más allá de que el mandatario nacional asume la responsabilidad y pide perdón a las madres de los menores abatidos, sus respuestas buscan seguir poniendo el espejo retrovisor y culpar a otros de haber hecho “trizas” la paz y por eso el fortalecimiento de los grupos armados.

¿Y dónde está la responsabilidad por un plan de paz total sin método que ha dejado evidentes consecuencias en el cuatrienio que está por terminar?