La deshonrosa historia del despojo de predios en Atlántico acaba de dar un salto cualitativo. La desarticulación, esta semana, de una trama de corrupción conformada por funcionarios públicos de diferentes niveles, al servicio de actores criminales, dejó al descubierto cómo opera este andamiaje ilícito especializado en ocupar, apropiarse y usurpar tierras de forma fraudulenta a sus legítimos dueños para luego lotearlas y venderlas a terceras personas. Casi siempre hogares vulnerables que terminaron estafados en su buena fe por la red ilegal.

La denominada operación Gaia, en alusión a la diosa griega de la Tierra, apelativo escogido por la Policía y la Fiscalía para desenredar semejante madeja de ilicitud, no habría dejado cabo suelto. En efecto, esta primera fase sería apenas la punta del iceberg de una acción mucho más profunda que está rastreando los vínculos directos entre servidores públicos e integrantes de grupos armados, dedicados a apoderarse de terrenos privados en Atlántico.

Ha sido un minucioso trabajo de contrainteligencia e investigación criminal que se prolongó durante más de un año, tiempo indispensable para recabar las pruebas sobre las conductas irregulares de los capturados. Hasta ahora son 16, pero faltan 17, al menos. No cabe duda de que las documentadas y, sobre todo, perseverantes denuncias de los afectados, buena parte de constructoras en Soledad, y las audiencias públicas celebradas por la Procuraduría General en Barranquilla, en las que se visibilizó el drama de las víctimas, están dando frutos.

Desgraciadamente, lo develado hasta ahora confirma lo que era de conocimiento general. El mismo Estado ha tolerado, amparado e incluso soportado a la criminalidad en el despojo de tierras en Atlántico. Petro fue oportuno en advertirlo en un mensaje sobre el caso en su cuenta de la red social X. No llegar al fondo de este abismal pozo de corrupción ni deshacer sus enrevesadas variantes solo dejará a más ciudadanos a merced de ser triturados por los tentáculos de estas enquistadas mafias que ya se han cobrado la vida de quienes se resistían a entregar sus propiedades, señaló la Policía. Otras veces han desplazado a familias enteras.

Volvamos al corazón de Gaia que, dicho sea de paso, es la primera operación de semejante magnitud por el nivel de sus implicados. Tres registradores de instrumentos públicos, un calificador de esta dependencia, dos inspectores de policía, un jurídico de la Secretaría de Gobierno, todos de Soledad; un notario, en este caso de Santo Tomás; además de abogados, tramitadores, agentes corruptores, supuestos poseedores irregulares y hasta un presunto testigo falso. Cada uno, como es de imaginar, cumplía a cabalidad con su libreto y cobraba.

En el detalle del entramado, registradores permitían el registro de predios, a los que otorgaban matrículas inmobiliarias para su reloteo. Desbloqueaban lo que hiciera falta, también resoluciones de tierras de dudosa posesión. Notarios protocolizaban las escrituras públicas para la venta de los terrenos obtenidos irregularmente sin las revisiones previas de pago de impuestos y/o verificación de registros catastrales o matrículas inmobiliarias. El calificador de instrumentos públicos, literalmente, no hacía lo que debía, es decir, omitía sus funciones para revisar si los documentos eran legales, e inspectores de policía emitían, cómo no, los famosos amparos policivos a favor de los usurpadores o agentes corruptores solicitantes de querellas para apropiarse irregularmente de los predios. Sin duda, un engranaje corrupto, con algunos actores secundarios, que funcionaba como un reloj suizo.

Hasta 227 mil metros cuadrados con destinación específica a colegios, centros de desarrollo infantil y parques fueron adquiridos fraudulentamente, parcelados y vendidos a familias por $50 millones. No sorprende que la complicidad o connivencia criminal alrededor de este contubernio fuera una constante entre los vinculados cuando se conoce que el avalúo comercial de los predios ocupados es de $22 mil millones. Dinero había para dar y convidar.

Llegados a este punto preocupa el futuro del proceso. El juez penal Ángel Monroy que legalizó las capturas lo remitirá al Tribunal Superior de Barranquilla porque el asunto no le compete, pues no concierne a un grupo armado organizado. Si el caso se desvanece, pese a las evidencias acreditadas por Policía y Fiscalía, abriendo la puerta a la impunidad, el descrédito de la justicia solo será comparable al abismo de desconfianza de la gente en ella.

Conviene centrar el foco en la investigación y en los nexos de los señalados con estructuras criminales y la clase política local. En el reino de los intocables, todos saben quiénes mueven los hilos del poder. Queda mucho por hacer. Se necesitan profundas reformas para luchar contra la corrupción desde adentro y hacer a las instituciones verdaderamente íntegras.