Barranquilla es hasta este viernes la sede del congreso anual de Naturgas. Un encuentro de altísimo nivel con reputados invitados internacionales que posiciona a la ciudad como un destino atractivo para los grandes eventos de país. Y este, sin duda, lo es por dos razones.

La primera, la urgencia de insistir en la crisis de abastecimiento que afronta el sector debido al déficit de gas en firme, derivada de la menor disponibilidad de producción local. Ese faltante, resultado de la caída de reservas probadas y, sobre todo, de omisiones deliberadas o de ausencia de decisiones sobre exploración y perforación de nuevos pozos se incrementó en los dos últimos años. De suerte que importar gas, desde diciembre pasado, para cubrir la demanda interna y garantizar el suministro a hogares, vehículos, comercios e industrias, una situación inédita en 45 años, se convirtió en la única tabla de salvación para el país.

Aunque se trata de una bastante onerosa por los costos adicionales que supone adquirir gas natural licuado (GNL) en el mercado internacional, transportarlo vía marítima desde Estados Unidos o Trinidad y Tobago y regasificarlo en la planta SPEC, de Cartagena. Es increíble que teniéndolo a nuestro alcance en áreas continentales o en el mar Caribe los responsables de la política energética de la nación no hubieran sido capaces de anticipar ni desarrollar los proyectos a tiempo, sino que ahora, cuando la continuidad del servicio se ve comprometida en términos de disponibilidad, confiabilidad e infraestructura, ordenan su importación para atender la demanda. Lo que costaría traerlo desde Catar no tiene nombre.

Si así han subido las tarifas de gas en algunas regiones donde ya se paga hasta tres veces más por el consumo, la importación del hidrocarburo desde el golfo Pérsico –por sus mayores costos- impactaría de manera considerable el bolsillo de los usuarios. De cualquier manera, si Ecopetrol hace caso, ¿a qué infraestructura llegaría para ser procesado? Porque la construcción de la planta regasificadora del Pacífico, que se ubicará en Buga, apenas fue adjudicada y no estaría operativa antes de mediados de 2026, en el mejor de los escenarios.

Conviene sincerar esta discusión porque el gestor del mercado anticipa que el déficit del gas en firme o, lo que es lo mismo, el riesgo de desabastecimiento aumentará de forma dramática en los próximos tres años, presionando la búsqueda de fuentes de suministro. Si son externas, como todo indica, las implicaciones económicas serán cuantiosas. Diversificar resulta indispensable, pero tampoco se puede hacer a cualquier precio. De la improvisación no queda sino el cansancio, el Gobierno ya debería saberlo, pero esa curva de aprendizaje aún le cuesta. Al final, todos terminamos pagando por su incapacidad de hallar soluciones.

La segunda razón por la que es relevante la cita en Barranquilla se conecta directamente con la anterior. Colombia enfrenta serios riesgos en materia de seguridad energética. Detrás de un déficit cantado hasta la saciedad por gremios, expertos, líderes y usuarios del sector se encuentra la disminución de la capacidad del sistema para cubrir la demanda de energía firme. Es el predecible efecto del retraso en la entrada en operación de nuevos proyectos de generación y transmisión que se han atorado en el camino por conflictos sociales, barreras regulatorias, demoras en trámites e incertidumbre jurídica. Sin señales claras ni políticas públicas del Gobierno orientadas a construir salidas técnicas, la estrechez entre oferta y demanda, que no supera el 2 %, se seguirá apretando. De ahí, a racionamientos o a un apagón nos queda un paso corto por el alto grado de estrés que hoy soporta el sistema.

Ni juicios infundados contra los agentes privados del sector energético, ni señalamientos irresponsables sobre sus actuaciones, ni análisis imprecisos acerca de proyectos de energías renovables a cargo de las más altas instancias del Ejecutivo, como se escucharon en el reciente consejo de ministros, solventarán la crisis. Propagar sospechas para acrecentar confusión, desdibujar la realidad o atribuir las responsabilidades propias a terceros, con el ánimo de justificar intervenciones arbitrarias o politizar decisiones es un camino equivocado. Una trampa. El presidente Petro no se lo debería permitir.

Él, como nadie, tiene el poder de acusar usando datos vagos que erosionan la verdad. Haría bien en entender que sus afirmaciones como decisiones públicas tienen costos riesgosos que podrían hacerle mucho daño al país. Por cierto, ¿ya podemos decir que el jefe de Estado engañó al Caribe colombiano cuando aseguró que iba a asumir lo correspondiente a la opción tarifaria?