Cada día que pasa sin soluciones concretas, la profunda crisis financiera de Afinia aumenta el riesgo de apagón en buena parte de la región Caribe.

La misma empresa, filial del Grupo EPM, que atiende a millones de usuarios en Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba y 11 municipios de Magdalena ya advirtió públicamente sobre una “inminente” interrupción del servicio desde marzo. Es decir, a la vuelta de la esquina, si el Gobierno no honra sus obligaciones y les desembolsa $700 mil millones que les adeuda por los pagos atrasados de subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y un billón de pesos correspondiente a la opción tarifaria que Petro se había comprometido a asumir, en mayo de 2024, para reducir el elevado monto de las facturas.

Era cuestión de tiempo para que esta crisis de suministro anunciada e incluso inducida por decisiones erráticas y maniobras dilatorias del Ejecutivo frente al sector energético escalara a determinaciones draconianas como la avanzada por Afinia.

Es evidente que sin estabilidad o continuidad en el servicio se pondrá en peligro no solo la calidad de vida de la gente, también la competitividad del tejido productivo y empresarial, además del orden social, en los territorios que serían objeto de racionamientos en apenas semanas, si nada se resuelve.

Justo ahora, mientras sectores políticos, económicos y sociales del Caribe, en particular de los departamentos en alerta, hacen el cálculo de daños por las potenciales interrupciones, le piden al Gobierno una mesa técnica para discutir la crítica situación de Afinia. Pues para mañana es tarde.

Quienes desestiman el devastador impacto que tendría el retiro de la empresa de la región seguramente olvidan que la energía más cara es la que no se tiene. Mucho cuidado, no vaya a ser que los deseos de unos cuantos insensatos se hagan realidad.

Si EPM destina todos sus esfuerzos en mantener la operación, en especial en el Cesar, donde las pérdidas de energía alcanzan 40 %, sin encontrar el eco esperado en el Ejecutivo –como hasta ahora– la prestación del servicio en otras zonas del país podría verse comprometida. En una cadena de valor con eslabones tan dependientes como cercanos, si uno de ellos se debilita al punto de que cae el efecto dominó causaría un enorme impacto en los demás.

El ‘Gobierno del Cambio’, al que se le acumulan las crisis sin resolver por su manifiesta desatención de lo prioritario, bien sea por calculada negligencia o rampante impericia, no debería permitirse correr tan mayúsculo riesgo. Sin exagerar, el precio a pagar sería incalculable: un país sin seguridad energética expuesto a distorsiones de distinta naturaleza.

Hablemos claro. Colombia afronta un desabastecimiento gradual de energía, con notorias señales de convertirse en déficit, debido a la creciente disminución del margen entre oferta y demanda. La primera no aumenta como se requiere porque no entran al sistema nuevos proyectos de generación. Y peor aún, no existe un ambiente favorable de confianza, estabilidad normativa o jurídica y de política pública para atraer inversionistas. Más bien lo contrario, así que algunos resolvieron irse. Respecto a la demanda, esta continúa subiendo.

Sí, el asunto es simple y eminentemente técnico, aunque Petro, como parte de su perenne campaña electoral se esfuerce en polarizar el debate haciendo de él una disputa política. No es enfrentando a la clase dirigente, gremios y actores del sistema energético con la ciudadanía como disminuirán tarifas. Tampoco la actual crisis se resolverá desacreditando compañías, deslegitimando lo que hacen ni lanzando afirmaciones temerarias sobre una supuesta ilegalidad de cobros o amenazando con intervenir a XM, operador y administrador del mercado de la energía, si no implementa la nueva fórmula tarifaria expedida por la Creg.

Si el Gobierno no respeta normas, plazos u otros estándares que rigen la institucionalidad del sector ni expresa sentido autocrítico para abordar en un diálogo constructivo las válidas preocupaciones de sus interlocutores, la primera de ellas la abultada deuda de $3,3 billones por subsidios que aún no transfiere a las empresas, la espiral de equívocos se acrecentará.

Mal hace el presidente alentando un filibusterismo energético con falacias que, al final, podría erosionar su propia credibilidad. Si parte del Caribe u otra región del país se apaga, ¿a quién le cargarán la responsabilidad? Aunque persista en una narrativa tendenciosa, más allá de sus usuales argucias dialécticas, el relato no está por encima de la realidad ni crea confianza.