El desbalance en las finanzas públicas, al igual que sus consecuencias, parece no tener fin. Lo más reciente son las alarmas que han hecho sonar desde los territorios sus alcaldes, gobernadores, gremios y comunidades por el aplazamiento de recursos del Presupuesto 2025 para financiar proyectos clave de infraestructura. El afilado tijeretazo del Ministerio de Hacienda congela vigencias futuras por $770 mil millones para la primera línea del metro de Bogotá, $710 mil millones para la restauración de ecosistemas del Canal del Dique, casi $500 mil millones para el metro ligero de la 80 en Medellín, $345 mil para el Regiotram de occidente en Cundinamarca y $339 mil millones para la construcción y operación de la vía Mulaló-Loboguerrero, en Valle del Cauca, por señalar las más afectadas por el duro recorte.

No hace falta ser un avezado economista para estimar el descomunal impacto que esta decisión del Ejecutivo tendrá en las regiones, abocadas hoy a una sin salida. Si sus equipos económicos no encuentran financiamiento para garantizar la continuidad de las obras, estas podrían suspenderse o, en el mejor de los casos, sufrirían retrasos en el cronograma. Si lo consiguen es porque accedieron a préstamos de la banca internacional endeudándose más o establecieron nuevos impuestos y/o cobros por valorización a la ciudadanía. Sin duda, medidas impopulares que les demandarán revisar prioridades para dar prontas respuestas.

Este es, quizás, el asunto que más descontento causa entre la dirigencia territorial que cuestiona el drástico ajuste fiscal. Necesario ciertamente, pero deja en la incertidumbre el futuro de proyectos estratégicos y abre la puerta a posibles demandas contra el Estado. ¿Sabemos si el Gobierno valoró cuántos de ellos podrían terminar en incumplimientos de contratos amparados por vigencias futuras que respaldaban su financiamiento, es decir, el desembolso de los pagos, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, e Invías?

Más claro, imposible. El hueco que Hacienda le causa a las regiones es descomunal, pero puede ser peor en el largo plazo para la nación. Sin opción, los mandatarios territoriales tendrán que resolver el entuerto, ahora que Petro y compañía los dejaron colgados de la brocha. No en vano la lectura general es que el aplazamiento, mira por dónde, tiene un tufillo de revanchismo político, de venganza o castigo, contra opositores del Gobierno, a quienes les recortan recursos con el doble propósito de doblegar a alcaldes y gobernadores y presionar a congresistas para que aprueben la reforma tributaria 3.0 que viene en camino.

Aunque el ministro de Hacienda insista en que el aplazamiento de rubros se revisaría a lo largo del año, la realidad es que la acuciante estrechez fiscal del Gobierno, derivada en parte de sus erráticas decisiones por sobrestimación del recaudo y derroche de gasto público, no dará espacio. Sí, lo confirma el jefe y donde manda capitán, no lo hace Guevara.

Sin eufemismos, Petro condicionó el descongelamiento de las partidas regionales a la aprobación de una nueva tributaria en el Congreso. Si no la avalan, los recortes serán definitivos. Ese es el tamaño de la encrucijada, una coacción en toda regla, a la que el presidente somete al Legislativo en un difícil año político. En tanto insiste en su relato de atribuirle total responsabilidad por la desfinanciación del Presupuesto. Puro pulso político.

¿Con esta sentencia, alguien duda que el recorte con vocación de permanencia de más de la mitad de los recursos del Consejo Nacional Electoral, CNE, podría impactar la preparación de los procesos electorales de 2026, como alertó la misma entidad y algunos partidos?

Dada la vorágine que enfrentamos, con un alarmante dictamen del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, que advierte de incumplimiento del Gobierno en 2024, mientras pide un recorte adicional de $40 billones en el sobrevalorado Presupuesto 2025 para no incurrir en lo mismo, se quedan cortas las voces que llaman al Ejecutivo a actuar con responsabilidad y coherencia para honrar sus compromisos con las vigencias futuras. Muchas de ellas se elevan desde el Caribe, donde le solicitan asegurar el pago del dragado y mantenimiento en el Canal del Dique, pese a que el proyecto como tal acuse un retraso de al menos dos años.

Nada que hacer, la situación fiscal del país es tan agónica que si el presidente no se esfuerza por recorrer esta tormenta con aliados cerrando acuerdos tensará la cuerda a tal punto que hará inviable el día a día de los ciudadanos, los grandes perjudicados de tanta polarización.