La seguidilla de disparos que sonó al mediodía del domingo 29 de diciembre en Aguachica y que por un momento hicieron pensar que era pirotecnia por la antesala de la celebración de Año Nuevo no ha permitido que el municipio del sur del Cesar recupere la tranquilidad.
Esa lluvia de disparos extinguió a una familia entera que se disponía a disfrutar del almuerzo tras terminar su habitual jornada dominical de servicio en la iglesia evangélica que lideraban, Príncipe de Paz.
Los cuatro integrantes de la familia Lora Rincón fueron las víctimas de la masacre número 76 con que Colombia cerró el año 2024, la número 15 en el territorio que comprende la región Caribe y la tercera en el departamento del Cesar durante el año que concluyó apenas hace seis días, esto de acuerdo con el registro que lleva el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
Una confusión o un caso de extorsión son las dos principales hipótesis o líneas de investigación que han determinado las autoridades frente a esta tragedia que enlutó las fiestas de fin de año en un municipio que se sabía de paso para organizaciones criminales, pero en el que, al igual que buena parte de las poblaciones del Caribe, la violencia se ha instalado de una manera miedosa y permanente, acorralando el sosiego, la tranquilidad y la cotidianidad a la que estaban acostumbrados sus ciudadanos.
Ocurrido el múltiple crimen del pastor Marlon Yamith, de su esposa, Yurlay, y de sus hijos, Ángela y Santiago, ha trascendido a la luz pública un incremento de las extorsiones en Aguachica a través de llamadas telefónicas, que han llevado al Ejército y a la Policía a intensificar los operativos en contra de este delito. De hecho se supo que en medio de las honras fúnebres de la familia Lora Rincón varios asistentes fueron intimidados.
Lastimosamente las tragedias y puntualmente en este caso una masacre tuvo que ocurrir para que la mirada del país se posara sobre una municipalidad que ha visto un incremento de la inseguridad y la violencia. El año pasado en este municipio de apenas 125 mil habitantes se reportaron 31 casos de homicidio, 22 de ellos con arma de fuego, incluso dos secuestros.
Lo que se sabe hasta ahora es que un grupo especializado de investigadores fue trasladado a Aguachica, donde ya se han realizado más de 155 actividades investigativas, se han analizado más de 200 horas de grabación de cámaras de seguridad con el recorrido de los sicarios, se siguen las huellas dactilares de las motocicletas halladas abandonadas que habrían sido usadas para cometer la masacre y fueron publicados los retratos hablados de los presuntos asesinos, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos.
El propio director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, asegura que no se descarta ninguna hipótesis. Han pasado ocho días del brutal ataque que conmocionó a los colombianos y todavía no se obtiene la primera captura por esta masacre.
Lo que espera el país es conocer cuánto antes quiénes asesinaron a los líderes de la iglesia Príncipe de Paz y cuáles fueron los motivos detrás del múltiple crimen. Un hecho de esta magnitud necesita ser esclarecido con prontitud y diligencia, teniendo en cuenta la forma cómo se cometió, la fecha en la que se hizo, las características de las víctimas y el municipio dónde se perpetró.
En desarrollo de las pesquisas también se sigue la pista a una mujer prestamista que estuvo en el restaurante el día de la masacre, vestida de forma similar a la hija del pastor Marlon y quien se supone era la pareja de un hombre que había aparecido muerto días antes en Magdalena.
Versiones van y vienen en tanto las autoridades continúan con sus labores investigativas que ojalá, más pronto que tarde, arrojen resultados y comiencen a tejer la verdad detrás de la masacre que mantiene en vilo y con preocupación a la ciudadanía del municipio del sur del Cesar considerado un importante centro ganadero y comercial del Caribe colombiano.
