El colapso de la torre 4 del conjunto residencial Privilegios, en el barrio Campo Alegre, que acabó con la vida de Nelly Luz Insignares Cantillo, de 65 años, y dejó a sus nietos, cuatro menores de edad, con lesiones de distinta consideración, es una tragedia que bien pudo evitarse. Hace 14 años este complejo habitacional había sido evacuado por orden del Distrito, debido a grietas y fallas estructurales irresolubles de la edificación, ubicada en la esquina de la calle 89 con carrera 41, en la localidad Norte-Centro Histórico.

Era cuestión de tiempo para que se profundizaran los daños en las estructuras, consecuencia directa de la inestabilidad del terreno catalogado como “inhabitable” por estudios y expertos. Esta historia no es nueva. Propietarios de casas y apartamentos que debieron abandonar sus hogares años atrás, en épocas distintas, la conocen a la perfección.

Se empezó a escribir en el 2004, hace justo 20 años, cuando se produjeron los primeros deslizamientos, fenómenos de remoción en masa en la ladera y agrietamientos en viviendas de edificaciones, como Privilegios, Mirador de Campo Alegre, Ciudad del Sol, Atardeceres, Techos Azules, Camino Real, Carson Mirador, Puertas del Caribe y Altos del Campo, entre otros.

Además, aparecieron fisuras en las losas del pavimento y se registró hasta un taponamiento que dejó al sector incomunicado con buena parte del norte de Barranquilla. Han sido hechos evidentes conocidos por la ciudadanía, denunciados por los afectados que han vivido un calvario desde entonces cuando iniciaron una lucha colectiva en busca de justicia ante organismos competentes. Pero, a decir verdad, tenemos mala memoria y esta crisis sigue abierta y sin una solución definitiva dos décadas después, lo cual es intolerable.

Adicionalmente, con un agravante nefasto que las autoridades distritales no pueden seguir pasando por alto, porque la vida de muchos inocentes se encuentra en riesgo por la codicia de un puñado de irresponsables. Algunos de los apartamentos evacuados oportunamente por sus dueños, como ha quedado al descubierto en el caso Privilegios, terminaron siendo ocupados ilegalmente por familias vulnerables que le pagan un arriendo a terceros, por debajo de los precios del mercado. ¿Qué clase de persona se lucra de la evidente necesidad de vivienda de hogares socialmente precarios, mientras los exponen a gravísimos peligros?

Cierto que en su momento Distrito y Nación ejecutaron obras de estabilización del terreno para evitar que la problemática se extendiera a otros barrios. Sin embargo, el impacto de fenómenos de variabilidad climática, cada vez más frecuentes e intensos, como las fuertes lluvias de las últimas semanas, aceleraron la evidente vulnerabilidad en sectores del barrio. Todos saben lo que pasa, la preocupación crece, incluso en los alrededores, pero la gente no encuentra las soluciones ni las respuestas que demanda. Urgen decisiones terminantes.

Este es un campanazo de alerta ante el que se requieren certezas para tratar de poner las cosas en su lugar, de manera que resulta imperativo que el Distrito actualice el mapa de riesgos en la zona, con inspecciones técnicas de cada una de las estructuras de todos los conjuntos. Es la única forma de ofrecer garantías a una comunidad integrada por miles de personas que invirtieron sus ahorros en un sector que décadas atrás se promocionó como el de mayor desarrollo urbanístico de Barranquilla. Un proceso que se truncó en el camino.

Precisamos certezas, también claridades. La tragedia de Privilegios ha desatado una ola de solidaridad en redes sociales, también de desinformación sobre las circunstancias del hecho, las víctimas o los constructores. Como al resto de la opinión pública nos sobran interrogantes y nos ponemos a la tarea de resolverlos, pero no cuenten con nosotros para repetir falsedades con las que algunos tratan de instrumentalizar lo sucedido para intentar atribuir responsabilidades a sus adversarios políticos.

Verificamos y la firma de Alejandro Char, antes constructor, hoy alcalde, no aparece entre los socios de Proyectos Barranquilla, la compañía que edificó el conjunto. Sí es responsable de otros complejos habitacionales, por lo que en la actualidad un alcalde ad hoc debe ocuparse de tramitar las demandas que cursan contra el Distrito. Amplificar lo que no es cierto en nada contribuye a solventar una crisis que ha envejecido fatal y que se ha cobrado su primera víctima. Aquí lo único que cabe es la verdad y las soluciones inmediatas para tantas familias que han esperado demasiado.