La venta de Monómeros, empresa productora de fertilizantes instalada en Barranquilla, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), ha desatado un comprensible nerviosismo. Demasiados intereses se mueven detrás de un negocio multimillonario entre un gobierno extranjero y un privado, que nos convoca, en todo caso, a no ser indiferentes ante lo que pueda pasar, en virtud de los estrechos e históricos vínculos que ligan a la compañía con nuestra ciudad.

El asunto se ha manejado con altas dosis de secretismo, en consonancia con la opacidad del régimen chavista, y bajo la orientación de su ministro de Industria, Álex Saab Morán. Lo que se sabe es que aunque la venta se cocinaba desde hacía meses se aceleró en los últimos días, a tal punto que el presidente Gustavo Petro, vía carta a su homólogo Nicolás Maduro, le expresó públicamente su rotunda “oposición” a la que califica como la “privatización” de Monómeros.

Para el Gobierno del Cambio esta determinación bien podría ser interpretada como una traición, luego de haberle devuelto al Estado venezolano uno de sus activos más preciados en el exterior.

Sin duda, el arribo de Petro al poder en agosto de 2022 permitió que Maduro recuperara el control absoluto de la compañía y desalojara al gerente y junta directiva designados por el sector de la oposición que lideraba Juan Guaidó en el 2019. Tras una álgida disputa política y jurídica, que se libró también en la Cámara de Comercio de Barranquilla, Monómeros, como lo había cantado el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, regresó a quien “le pertenecía”. Incluso, se llegó a especular que Ecopetrol podría comprarla. Nunca se concretó.

Para el régimen de Maduro esta sería la última oportunidad de obtener importantes recursos por la empresa de fertilizantes, su segundo gran activo después de la petrolera Citgo, con sede en Estados Unidos, que acaba de ser sometida a una venta forzada. Fue durante una subasta que ganó un fondo buitre de ese país, además pagando la mitad de su valor. Durísimo revés para Venezuela que en 2017 comenzó a recibir sanciones económicas del entonces presidente Donald Trump.

Su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, le pone fecha de caducidad a la flexibilización de medidas tipo vetos o castigos, generosa apuesta con la que Biden intentó producir el milagro del retorno de Venezuela a la democracia. Y ya sabemos todos en qué terminó. Con apenas diez días de diferencia, Maduro se posesionará antes que Trump. De ahí en adelante, al régimen que se robó las elecciones de la forma más desvergonzada posible le esperan tiempos duros e inciertos.

Lamentablemente, también a Venezuela que podría ser aislada de manera irremediable. Ni Maduro ni Saab tienen un pelo de tontos. Saben que si ahora no le meten el acelerador a la venta de Monómeros, cuando se erijan como un gobierno ilegítimo duramente penalizado por Estados Unidos, producto de la intervención de una OFAC 2.0, la transacción no tendría futuro. Bueno, excepto si encuentran un comprador non sancto, lo cual acercaría a la compañía a su ruina.

Para que entendamos lo que sucede, Monómeros debería dar explicaciones. Más allá de conjeturas sobre la venta, como las formuladas por el presidente Petro, que anticipa aumento de precios en insumos que pondrían en riesgo la agricultura nacional, lo que se necesitan son claridades. Hoy no las tenemos. Es más, exministros o dirigentes gremiales creen que la operación no sería necesariamente perjudicial para un sector al que le conviene que la oferta crezca. Tampoco está de más precisar que la compañía ha perdido peso estratégico en el mercado, con caídas en ingresos y utilidades. Importa su materia prima y no, precisamente, desde Venezuela.

Pero aun así continúa siendo un actor relevante para incrementar la productividad del campo y es una de las columnas de nuestra soberanía y seguridad alimentaria, al que se le debe garantizar su continuidad. Y esta solo será posible si les otorgan condiciones dignas de estabilidad laboral a sus cerca de 2 mil trabajadores directos e indirectos. Justa demanda de su organización sindical.

El silencio de Venezuela otorga. La transparencia es garantía de solvencia. Cierto que Monómeros le pertenece 100 % al vecino. La venta de la participación accionaria de Colombia en 2006, un error histórico del que no podemos dejar de arrepentirnos, nos dejó con los brazos cruzados frente al devenir de un activo estratégico, curtido en encarar crisis. Desde su politización o pugnas internas hasta dudosos manejos administrativos, pasando por restricciones para acceder a créditos.

Veremos cómo termina, pero Colombia necesita a Monómeros tanto como la compañía depende de los inquebrantables lazos que ha tejido con Barranquilla. Que nadie se avergüence de ello. Todos los que puedan harían bien en estar atentos a lo que ocurre para saber reaccionar.