El pasado 8 de octubre el miedo, la desazón y la ansiedad apresaron el corazón de una familia en el municipio de Galapa, Atlántico, tras perderle el rastro a Aylin Vanesa Pautt Racedo, de 37 años; Edwin Nuñez, de 42, y el pequeño hijo de estos, de apenas año y medio. Ese día habían recibido un último mensaje de su parte informándoles a sus familiares aquí en Colombia que cuando viajaban en un bus los habían hecho bajar del vehículo, aparentemente por una patrulla de la Guardia Nacional de ese país.

Pero lo que más provocó la desesperación de quienes aguardaban por ellos en Galapa pasó el jueves 10 de octubre, al recibir una llamada en la que les pedían dinero –les solicitaron 9500 pesos mexicanos, el equivalente a 2 millones de pesos colombianos–, pero sin tener certeza de dónde se encontraban, quiénes los tenían y si estaban en buen estado de salud.

De inmediato trascendió la información a los medios de comunicación, pues infortunadamente no son pocos los casos y los antecedentes de personas secuestradas por organizaciones ilegales dedicadas al tráfico o a la trata de personas, como sucedió en el más reciente caso de las jóvenes oriundas de Medellín que fueron llevadas al país azteca bajo una oferta de trabajo.

Gracias a la presión mediática y a la gestión de una hermana de Aylin que buscó ayuda en la Cancillería, se pudo lograr el pasado viernes 11 de octubre la ubicación de ella, su esposo y su hijo en un albergue en el estado de Puebla.

Lo que le confirmó el cónsul de Colombia en México a EL HERALDO es que no se trató de un secuestro y que la familia fue detenida en un retén de la Guardia Nacional en la vía hacia la capital mexicana, tras detectar que permanecían de forma irregular, es decir, ya se había vencido el tiempo que les había otorgado la autoridad migratoria para estar en ese país.

Ahora lo que resta es que el Instituto Nacional de Migración de México atienda la solicitud que presentó el cónsul de manera oficial para que esta familia galapera pueda retornar a Colombia cuanto antes a pesar de la falta administrativa que implicó quedarse más tiempo sin la autorización correspondiente.

Aylin, Edwin y su bebé, de acuerdo con lo que relató su familia en Galapa a EL HERALDO, hicieron este viaje para conocer Cancún y de paso aprovechar para peregrinar a la Basílica de la Virgen de Guadalupe para pedir por la salud del niño que ha afrontado dificultades respiratorias.

Conforme a la explicación del diplomático colombiano, a esta familia galapera le resultó una odisea lo que debió ser un viaje de placer y de fe, por cuenta de desconocer los trámites y requisitos para su estadía en el país centroamericano o los tiempos establecidos.

La buena noticia es que ellos están bien y que el ejercicio diplomático les permitirá volver al país. No obstante, y a pesar de que el cónsul pudo ubicarlos y verificar su situación, es imposible no imaginar cuántas personas o cuantos viajeros, colombianos o no, se ven sometidos a esta retención que les impide comunicarse con sus consulados o con sus familias en su país de origen para intentar buscar una solución de retorno inmediata, y también habría que preguntarse quién y por qué le pidió dinero a la familia en Colombia por ellos.

En tanto hay respuestas a esos interrogantes, es primordial que quienes deciden viajar por cualquier razón a otro país entiendan la dimensión de las consecuencias de incumplir las normas migratorias y de turismo que son muy variables y diversas, esto para evitar enfrentarse ellos y quienes los esperan a la angustia de no saber dónde se encuentran y cuánto tiempo los podrían mantener retenidos sin comunicación.

No obstante, si será necesario que los canales diplomáticos se intensifiquen de forma que los colombianos puedan viajar, obviamente con el cumplimiento de las leyes, sin el temor de ser inadmitidos, maltratados, retenidos, aislados, incomunicados o cualquier otra forma que vulnere sus derechos, sobre todo tratándose en muchos casos de turismo, no necesariamente para migrar de forma temporal o permanente.