La calamitosa crisis de las altas tarifas de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena escribió un nuevo, pero sobre todo vergonzoso capítulo que rebasa el culmen de la improvisación. Y que conste que en esta penosa historia de abusos degradantes los usuarios lo hemos visto casi todo.

Quien lo firmó fue el agente interventor de Air-e, el ingeniero Carlos Diago. Siguiendo las directrices del presidente Gustavo Petro, según le aseguró a EL HERALDO, el funcionario decidió unilateralmente sacar los cobros de terceros de las facturas de energía para reducir su valor final, a como diera lugar. En vista de su más que evidente potencial de provocar catastróficos efectos en las finanzas públicas, esta medida cortoplacista, celebrada con bombos y platillos por los estrechos de miras e inconsulta con las entidades territoriales, que se fueron de espaldas cuando se enteraron por la prensa, nos deja al borde de un abismo de inseguridad jurídica impredecible.

Así no se hacen las cosas. Lo sucedido con la determinación que parece sacada de la chistera del más burdo repentismo, sin el menor análisis técnico, jurídico ni tributario, como en un desesperado intento para tratar de quedar bien con dios y con el diablo, no es el deber ser de las cosas. No es tolerable, ni siquiera porque a la gente le urge la resolución del drama de las tarifas, que le ha hecho caminar por el despeñadero de la pobreza energética durante los últimos años.

Por más que al agente interventor se le hubiera exigido dar cumplimiento a la recurrente promesa del Gobierno nacional de disminuir el monto de la factura, -en septiembre 16 se anunció una reducción de entre 25 y 35 % en el recibo de octubre tras la eliminación de la opción tarifaria-, el camino elegido no es el acertado ni el correcto porque transgrede la normatividad vigente.

Pasa por alto el señor Diago, lo cual no es consecuente con su conocimiento del sector, que el cobro de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana en el Atlántico se sustenta en una ordenanza de la Asamblea Departamental, amparada en el marco jurídico nacional. Aún más, la figura de cobro de terceros hace parte del contrato de prestación de servicios suscrito por Air-e, como lo precisa la cláusula 15 que posibilita celebrar convenios para este fin con otras empresas.

De manera que excluir la tasa de un plumazo, también lo correspondiente a alumbrado público y aseo, como hizo el agente interventor, sin detenerse a evaluar las considerables implicaciones de su tan confuso como altivo proceder, justificado en que si la empresa funge como recaudadora incurre en una “actuación inconstitucional”, solo expone a la intervenida Air-e a una avalancha de previsibles controversias judiciales. Adicionalmente, en un momento crítico en el que el Gobierno nacional está al mando. Al Ejecutivo le cabría entonces toda la responsabilidad a la hora de dar la cara para responder por las eventuales repercusiones de tan insólito disparate.

Sin el ánimo de armar una batallita política, aunque bien podrían hacerlo, tanto Gobernación como Distrito expresaron su perplejidad. También lo hicieron comunidades indignadas. Son los recursos de la seguridad, lo que se destina para acompañar la labor de la Policía, del Ejército, de los Cuerpos de Bomberos; para construir los espacios públicos de convivencia, como parques o plazas, además de casas refugio para mujeres víctimas de violencia de género, los que se quedarían en el limbo. Por no hablar de barrios o zonas que se sumirían en la oscuridad por la falta de mantenimiento de sus luminarias. La verdad es que todo esto nos resulta una burla lacerante.

Sin perder tiempo, justo cuando la tormenta ya se encaminaba a la categoría de huracán, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, interpretando el desconcierto del ministro de Minas, desautoriza a Diago, de manera tajante. Siendo consecuente con que las cosas en derecho se deshacen conforme se hacen, advierte que Air-e no puede romper, intempestivamente, los convenios suscritos, sino que debe hacerse de común acuerdo. Lógico.

Solventado, aparentemente, el entuerto por el exceso de improvisación del agente interventor, producto de la bisoñez del cargo o, vaya uno a saber, si presionado por sus superiores para entregar resultados en plena escalada del precio de energía en bolsa que mantiene a Air-e con la soga al cuello, se debe insistir en lo fundamental. Esta maniobra con tufo a trampa no atacaba ni resolvía el problema de fondo, que es el valor del kilovatio, a día de hoy intratable debido a causas no resueltas por el Gobierno nacional. Era una falacia cósmica creer que sacando los cobros de terceros de las facturas, que toca revisar más temprano que tarde, la crisis estructural de energía desaparecería o que el usuario no tendría que pagar alumbrado público, tasa de seguridad y aseo.

Basta de tratarnos como tontos. Exijamos que quienes están llamados a solucionar nuestros problemas actúen con coherencia, responsabilidad y en el marco de la ley, en vez de generar ruido, confrontación y nuevos conflictos por sus inoportunas salidas en falso. No nos dejemos enredar por su incompetencia ni sorprender por atajos improcedentes que pretenden solventar lo que solo podrán ajustar las resoluciones de la Creg que, por fin, parece que vienen en camino.