Lo que mal empieza, mal termina. Cuatro años bastaron para que Air-e y Afinia, herederas de la fallida Electricaribe, se reventaran financieramente. La primera fue intervenida esta semana por la Superintendencia de Servicios Públicos que ya tomó posesión de la compañía y nombró a Carlos Diago como agente interventor, y la segunda, antes de correr la misma suerte, le ha dicho al Gobierno que está dispuesta a vender el 100 % de sus acciones.

El panorama no puede ser más sombrío, porque como reiteró hace un par de días la Contraloría General de la República, que había lanzado una primera advertencia el 2 de septiembre, los riesgos de cesación en la prestación del servicio de energía son inminentes. Está en juego la seguridad energética de una región con enormes necesidades de refrigeración y enfriamiento, así de claro. Aparte de los compromisos suscritos entre actores de la cadena para buscar una solución estructural a la perenne crisis energética del Caribe, lo que urge ahora son medidas concretas, oportunas y efectivas que garanticen la calidad, cobertura y continuidad del servicio para millones de usuarios que podrían verse abocados a un apagón.

Por medio de la intervención consensuada con el operador que así la solicitó, el Gobierno Petro le lanza un salvavidas a la empresa Air-e, inicialmente de un año, no sin antes señalar que esta no cuenta con la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para seguir prestando el servicio a un mercado de 1,3 millones de usuarios, 7 millones de personas de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde reina la incertidumbre, también el desconcierto, por este déjà vu.

Air-e o su estructura inicial, con la que arrancó operaciones en octubre de 2020, empieza a ser historia, como en su momento también lo fue Electricaribe antes de ser liquidada. Ya en este punto resulta prácticamente imposible no hacer comparaciones, sobre todo porque son los mismos funcionarios del Gobierno los que no dejan de hacerlas. El superservicios, Dagoberto Quiroga, habla de estudiar con juicio y rigor soluciones para no repetir los mismos errores cometidos con Electricaribe, mientras el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es todavía más directo cuando admite que tienen enfrente un Electricaribe II.

¿Por dónde arrancar ahora que es evidente que la solución resultó peor que la enfermedad? La lógica indica que por asegurar los recursos que preserven la prestación del servicio. Garantizar sostenibilidad es el primer paso para solventar de a poco la profunda crisis económica y operativa de Air-e. Pero, si esta no le paga a sus acreedores, contratistas y proveedores, su devastación terminará por impactar al resto de la cadena, como si fueran las fichas de un dominó. Y aquí surge el primer gran escollo: ¡no hay plata! La actual estrechez financiera del Gobierno pasa a ser el principal cuello de botella para tratar de avanzar.

Bonilla se dispone a buscar los fondos y no descarta encontrarlos vía nueva reforma tributaria, a la que ya le colgaron los saldos de la opción tarifaria que el Gobierno dijo que asumiría hace cuatro meses. $4 billones se necesitarían inicialmente si a la deuda de Air-e, que se acerca a los $2 billones, se le suma lo de Afinia. En el caso de Electricaribe, el Gobierno Duque desembolsó más de $10 billones y, a estas alturas, cuando pensábamos que semejante pesadilla había quedado atrás nos encontramos otra vez al borde del precipicio, con interrupciones en el servicio, facturas impagables, problemas de recaudo y deudas sin saldar. Pero aún más, sin certezas ni claridades sobre las inversiones por casi $6 billones que deberían haber realizado en infraestructura, actualización de redes o subestaciones, como lo establecía su contrato.

¿Hasta dónde tendrá oxígeno Air-e para operar? ¿Cuenta el Fondo Empresarial de la Superservicios con recursos suficientes para normalizar la relación comercial de la compañía con el mercado de energía mayorista? ¿Cuándo se resolverá el misterioso hackeo que ha afectado los sistemas comercial, administrativo y operativo de la empresa, que suponemos fue denunciado a las autoridades? ¿Ya anunció el Ministerio de Hacienda cuándo girará lo correspondiente a los atrasados pagos de los subsidios de estratos 1, 2 y 3? ¿Suspenderá la Superservicios la opción tarifaria, como analiza, para bajar el valor de la factura hasta que el Gobierno la asuma? Hasta ahora las medidas que habría adoptado la Creg no han servido para nada. Y no está de más decir que Air-e ya ha cobrado 10 de 12 cuotas previstas de esta deuda.

No podemos engañarnos. La situación es grave, los desafíos por resolver son enormes y con la intervención las cosas no cambiarán de la noche a la mañana. Nos adentramos en terreno desconocido, pese a nuestro extenso pasado de intervenciones, liquidaciones y otros rotundos fracasos en el mercado energético local. De algo debería servirnos. No volvamos a tropezar con la misma piedra de la improvisación, salidas en falso o soluciones ventajosas para otros, menos para los usuarios. Necesitamos sincerarnos sobre este desastre para saber qué hacer frente a los costos de la energía, cómo resolver el tema de las pérdidas que los usuarios no podemos seguir asumiendo o cómo generar una cultura de pago.

Lo mínimo que esperamos en este nuevo comienzo es que se actúe con transparencia. Es un error pensar que la opacidad ayudará a resolver la crisis o que la intervención será la salida definitiva. Si acaso, y ello dependerá de su manejo acertado, responsable y eficiente, resultará una manera de encauzar el rumbo, para evitar que la crisis de Air-e y Afinia termine por arrastrar a una debacle al sistema energético nacional.