El panorama que desc ribió el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, esta misma semana, no deja dudas sobre el riesgo de racionamiento de energía al que estamos expuestos 10 millones de personas en el Caribe, Nariño, Chocó o Vichada.

Su oportuno llamado encendió alarmas adicionales a causa de una situación recurrente que sin soluciones diligentes terminará por intensificar la crisis energética de la región. Valga insistir en que, pese a las hojas de ruta acordadas, este drama que nos consume la calma, mient ras nos vac ía los bolsillos, continú a siendo desestimado por el nivel central, a juzgar por la falta de decisiones en temas de su directa competencia que ni el Ministerio de Minas ni la Creg concretan.

¿Qué hay detrás de semejante problema con potencial de desatar una tormenta perfecta en el sector energético, incluso suspensión en la prestación del servicio de energía? La morosidad del Gobierno nacional en el pago de subsidios que se les reconocen a los usuarios más vulnerables, de los estratos 1, 2 y 3, que solo en la región Caribe son el 80 % del total de la población, es decir, 2,1 millones de hogares. A corte del 31 de agosto, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) le confirmó a EL HERALDO que esta deuda asciende a $1,3 billones.

Hablamos de una suma significativa que el Ministerio de Minas le adeuda a las comercializadoras de energía del país, no solo a Air-e y Afinia, que los han otorgado a sus usuarios. No extraña entonces, como asegura el exministro Amylkar Acosta, que buena parte de estas empresas, cuando no todas, en particular las más pequeñas, están atravesando el Niágara en bicicleta, porque se quedaron sin flujo de caja, no tienen ni con qué pagar sus nóminas. De mal en peor.

En consecuencia resulta imprescindible preguntar, como también lo hace la Contraloría General a las entidades competentes, si existía una previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda, ¿por qué el de Minas ha retrasado los pagos a las comercializadoras, a tal punto que se configuran riesgos en la continuidad de la prestación del servicio? Y aún más, ¿cuál ha sido la actuación de las superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y de Industria y Comercio, encargadas de ejercer funciones de vigilancia y control en el caso? ¿Exceso de complacencia?

Si no fuera ya lo suficientemente crítico el escenario de inminente apagón financiero que podría desencadenar un impredecible efecto dominó en el sistema energético del país debido a la falta de solvencia económica de las empresas prestadoras, José Camilo Manzur, el presidente de Asocodis, anticipa que en el desfinanciado Presupuesto General de la Nación para 2025 no se han apropiado recursos por el orden de $700 mil millones, para cubrir los subsidios del próximo año.

Como quién dice tras de cotudos, con paperas. El monto no solo es inferior a lo que se necesitaría para cubrir lo requerido el año entrante, sino que tampoco está garantizado. De manera que si el Gobierno nacional no adopta medidas urgentes para acelerar los giros pendientes por los subsidios causados, los regulariza, y apropia en el proyecto de presupuesto los recursos suficientes de cara a 2025, al cabo de un tiempo el faltante por este concepto alcanzará los $2 billones. Lo dicho, sin flujo de caja, las empresas podrían colapsar dejándonos a millones de usuarios sin acceso a energía. ¿Quién asumirá entonces su papel? ¿Lo hará el Estado, en serio?

Si la alerta de la Contraloría cae en el saco roto del Gobierno y más temprano que tarde nos falta la energía, las privaciones que afrontaremos harán nuestra vida insufrible, de eso no cabe duda.

Tampoco es exagerado dec ir que la seguridad energética de la nación está comprometida por decisiones en algunos casos, erráticas o en otros, vacilantes que siguen sin dar respuesta a asuntos impostergables. Ahí están el pago de los saldos de la opción tarifaria que reduciría hasta 20 % el valor de la energía, la tan cacareada redefinición de la fórmula tarifaria y otras medidas regulatorias, casi todas en manos de la Creg, una entidad técnica, supuestamente independiente, pero adscrita al Ministerio de Minas, encargada de las decisiones de fondo del sector.

¿Qué será lo que el Gobierno nacional espera que pase con nuestra crisis energética, porque nos sigue haciendo conejo o mamando gallo, mientras el tiempo corre a su favor e insiste en negar problemas, reescribir los hechos de acuerdo con sus propios intereses e incumplir con descaro los plazos que fijó? De Petro para abajo, ministros y superintendentes, parecen deshojando margaritas, sumidos en la ligereza de la frivolidad, sin saber con certeza qué hacer, en tanto le nacen nuevas patas a este cojo que cada día empeora. Esa es la verdad. Estamos solos y jodidos.