Como en la región Caribe estamos curados de espantos por tantas salidas inútiles que han ofrecido e incluso puesto en marcha para asegurar la reducción de las tarifas de energía, nos declaramos una vez más expectantes ante el nuevo plan estratégico que acaban de anunciar. Se vale, por tanto, ser escépticos, aunque también es justo reconocer que la iniciativa suscrita por alcaldes, el gobernador y congresistas del Atlántico, el ministro de Minas, el superintendente de Servicios Públicos, representantes de usuarios y Air-e es ya un primer e importante logro.

Hasta enero de 2025 se acordó extender la suspensión de los periodos de continuidad que la comercializadora comenzó a aplicar desde el pasado 20 de julio, en especial en sectores extremadamente vulnerables, y que consistieron en interrumpir el suministro de energía durante seis horas diarias. Una acción que desencadenó un malestar social generalizado.

No es de extrañar, porque en el mercado atendido por la empresa en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, la conjugación de las limitaciones económicas con lo que cuesta generar y distribuir la energía afecta a 180 mil familias que residen en los barrios o áreas subnormales eléctricamente hablando, y a unos 450 mil usuarios en las zonas de difícil gestión.

Como cada crisis también representa una oportunidad de esta se pueden extraer algunas enseñanzas valiosas. La primera es que el irresoluble debate por las altas tarifas de energía en el Caribe debe estar permanentemente en el centro de la discusión de los responsables de abordarla en sus distintos niveles, sobre todo en el nacional. Y segundo, se confirmó que decisiones o medidas unilaterales en un asunto con tantos sectores involucrados, además de cuestiones por solventar, jamás resultará la fórmula más conveniente o diligente para superarlo.

Más bien todo lo contrario. Se precisa de una suma de voluntades, con ánimo de entendimiento, capacidad de negociación, determinación de ceder para pactar soluciones viables y hacerlas efectivas en un plazo establecido sin dilaciones ni maniobras, para allanar el camino que establezca una hoja de ruta con responsabilidades definidas de los actores de la cadena. En este caso, en el acuerdo se suscribieron 28 compromisos, 5 de ellos les competen a todos los firmantes, y el resto les corresponden 8 al Gobierno nacional, 10 a Air-e, 1 a los congresistas, 3 a los alcaldes y al gobernador del Atlántico, y por último 3 a los usuarios, según sus capacidades.

En el detalle, el acuerdo consigna puntos clave, para no retomar los periodos de continuidad, cerrar acuerdos de pago o normalizar zonas especiales, entre otras. También contempla de forma transversal posibles salidas a factores que inciden en que la región no cuente plenamente con un servicio de calidad, confiable y asequible. Dicho de otra manera, busca resolver la crisis energética del Caribe. Muchas de ellas son parte de anteriores pactos que apostaban por tarifas justas o por programas de energías renovables que aún no se materializan.

Volvemos a lo mismo con riesgo de sonar a disco rayado, pero qué le vamos a hacer. No se podrá avanzar en la dirección correcta para concretar un plan de acción con soluciones estructurales si no se toman las decisiones necesarias, además de correctas, que garanticen hechos tangibles en beneficio de los usuarios. Ahora que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la tan mentada Creg, por donde pasan todas las determinaciones del sector, parece haber retomado el quorum decisorio no hay tiempo que perder. Se le acumulan los pendientes sobre un recaudo diferencial, modificación de fórmula tarifaria para eliminar el cargo por restricciones o la deflactación del IPP.

Este 7 de agosto se cumplen 3 meses de la orden del presidente Petro en Barranquilla para que la nación asumiera la deuda por la opción tarifaria, pero poco o nada se ha conseguido, porque el instrumento para ejecutar la operación debe ser aprobado por el Congreso. Hasta ahora lo que ha trascendido es que no sería un proyecto de ley independiente, sino que iría amarrado, cuál carnada, en el texto final de la nueva reforma tributaria, la cual tiene mal pronóstico. Difícil así.

Se espera la reunión con las generadoras representadas en Acolgen, agente clave en la solución estructural requerida. Estas compañías han anunciado y dado muestras de tener toda la intención de contribuir. Adelante. Los necesitamos a todos, remando hacia un mismo lado para garantizarle al Caribe un buen servicio, fiable, justo y posible de pagar. Como gran articulador, el Gobierno nacional con sus instituciones estructuradas, capaces de acometer el reto de reducir las tarifas y de conducir la normalización eléctrica de la región y el acoplamiento del sistema energético del país. Que no se la haga tarde ministro Camacho, el tiempo corre en su contra.