Se estrecha el círculo de lo rebatible para los altos funcionarios o exmiembros del Gobierno Petro, vinculados por los confesos delincuentes Olmedo López y Sneyder Pinilla en el entramado criminal de corrupción orquestado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Las pruebas, testimonios y revelaciones que estos entregaron a la Fiscalía, valorados de manera creíble por el ente acusador, cuestionan de manera directa la transparencia e integridad de las actuaciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, dos de los hombres más poderosos del Ejecutivo por su cercanía con el jefe de Estado.

Pese a que insistan en su inocencia, faltaría más que no pudieran hacerlo, su honorabilidad quedó en entredicho al ser ubicados por la fiscal del caso en lo más alto del roscograma de la “organización criminal”, señalándolos de dar las órdenes para direccionar millonarios contratos de la entidad o de desviar sus recursos destinándolos al pago de sobornos o de conciencias, para los efectos da igual, de 9 legisladores a cambio de sus votos a favor del Gobierno en el Congreso.

Precisa la Fiscalía que casi un año –entre mayo de 2023 y marzo de 2024- operó en la Ungrd la empresa criminal de Olmedo, Sneyder y contratistas privados, sus compinches a sueldo, “para cometer delitos contra la administración pública…”, a la que más tarde se habrían sumado personas de confianza del poder Ejecutivo, entre estos asesores del ministro de Hacienda, del director del Dapre y hasta la ex consejera presidencial Sandra Liliana Ortiz, seriamente implicada.

A estas alturas, no sorprende que un escándalo tan demoledor, con potencial de desacreditar al Ejecutivo, enredar su gobernabilidad, erosionar aún más su relación con el Legislativo e, incluso restar legitimidad a su recién anunciada agenda reformista, continúe extendiéndose con novedosas ramificaciones. Algunas enmarañan a figuras del núcleo duro de Petro de las que no se había hablado: el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y el director de la Función Pública, Cesar Manrique, quienes –señala la Fiscalía- habrían tenido roles en la red ilícita.

Lo más deseable, además de coherente, ante el insalvable peso de los señalamientos que ahora soportan, el cual resulta incompatible de sobrellevar con el de sus múltiples responsabilidades al servicio del Estado, es que -como hizo Carlos Ramón González, hasta ayer director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), antes cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)- decidan dar un indispensable paso al costado, apartándose de sus cargos.

Ese sería un gesto de congruencia política, además de sindéresis ética y moral, que podría mitigar en algo la presión sobre el Ejecutivo, el cual luce a la deriva, en negación, estremecido por un terremoto político colosal del que no tiene cómo salir indemne. Se equivoca Petro cuando trata de relativizar este caso de asqueante corrupción, comparándolo con el también repudiable e indignante entramado criminal de Odebrecht. Presidente, este no es un debate sobre cuál es el episodio de corrupción más perverso de nuestra historia reciente, sino de por qué su Gobierno, el del Cambio, que alcanzó el poder con la bandera de la honestidad o decencia terminó inmerso en semejante podredumbre. Muchos se preguntan hoy: ¿para esto es querían llegar a gobernar?

Más allá de su derecho a la presunción de inocencia, los indicios que involucran a funcionarios públicos en este penoso asunto les exigen dar explicaciones a la opinión pública, con absoluta claridad, pero sobre todo les obligan a asumir su defensa ante la justicia -en el marco del debido proceso- sin ataduras o vasos comunicantes con sus superiores ni riesgos de posibles injerencias u obstrucciones que comprometan la estabilidad institucional, económica o política de la nación.

En un momento crítico por la actual estrechez fiscal, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, referente de nuestra economía en el ámbito doméstico e internacional, se le percibe acorralado. Ante los desafíos de su gestión, que serán determinantes para superar la crisis, su permanencia en el cargo en medio del huracán que lo abate se hace insostenible. Debe irse por el bien del país.