Contra viento y marea, el presidente Gustavo Petro sancionó este martes la reforma pensional, la primera gran iniciativa de la ambiciosa agenda social de su Gobierno avalada por el Congreso.

Ni los reparos de políticos de centro y de derecha que insisten en su inconstitucionalidad por supuestos vicios de trámite en los que se habría incurrido durante su aprobación en la Cámara a mediados de junio, cuando el proyecto no se discutió en el último debate, ni tampoco los cuestionamientos de la Procuraduría General, gremios o analistas sobre la eventual insostenibilidad fiscal del nuevo sistema, la afectación de derechos pensionales o la falta de capacidad de Colpensiones para administrarlo, parecen inquietar al Ejecutivo.

Más bien lo contrario. Como estaba previsto, el jefe de Estado se dio un baño de masas durante el acto público en el que firmó la ley, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde vimos a un buen número de adultos mayores extremadamente vulnerables que lo escucharon con enorme expectación. Han sido ellos, sin duda alguna, el principal reclamo esgrimido por el Ejecutivo para impulsar el cambio de un modelo que tan solo pensiona a una de cada cuatro personas en el país. Este dato, de por sí escandaloso, sube a una de cada ocho cuando son mujeres, las más desprotegidas en la vejez, confirmando nuestra tan abismal como persistente brecha de género.

A tres millones de compatriotas en pobreza extrema y sin pensión, mayores de 65 años en el caso de hombres y de 60 años en el de mujeres, la ley les otorgará una transferencia monetaria de $225 mil mensuales. Es lo que contempla el pilar solidario del sistema, al que difícilmente se le opone sector alguno porque se trata de un asunto de humanidad. Aunque también es cierto que pudo implementarse sin necesidad de ir al Congreso para tramitar una iniciativa, ‘pupitreada’ en su recta final, a la que le lloverán las demandas en la Corte Constitucional, luego de su sanción.

Si en su examen el alto tribunal decide tumbarla por sus aparentes vicios de trámite, el Gobierno ajustará un nuevo revés, como le sucedió con artículos de la reforma tributaria y los decretos de emergencia social en La Guajira. Así que no queda más que esperar, aunque semanas atrás el presidente pidió a los magistrados “no escuchar los cantos de sirena de los enemigos del pueblo”. Ciertamente, cada determinación adoptada por las ramas del poder público en un Estado de derecho donde rige una Constitución, al margen de lo provechoso de su alcance, acarrea consecuencias. A esta alturas, ad portas de iniciar su tercer año, el Ejecutivo debería saberlo.

También persisten dudas acerca de la solvencia técnica, logística, administrativa y operativa de Colpensiones para asumir sus nuevas obligaciones, en particular por el inminente ingreso de 18 millones de personas que deberán trasladarse de los fondos privados o empezar a cotizar en la entidad pública que en la actualidad cuenta con 6,8 millones de afiliados. Su presidente, Jaime Dussán, nos reclama un voto de confianza. Válido, pero no por ello las alertas deben dejar de encenderse ahora que queda menos de un año para que el 1 de julio de 2025 entre en vigor el nuevo y único sistema, en el que todos terminaremos sí o sí cotizando aportes a Colpensiones.

Demasiadas cuestiones claves con erráticas interpretaciones, quizás por su apresurado trámite en la Cámara sin deliberación final no pudieron aclararse y quedaron en el aire, entre estas si se gravan o no ciertas pensiones. El Ministerio de Trabajo prepara un decreto reglamentario que debería estar listo antes de finales de año. Ojalá se ocupe también de temas que la ley no contempla, como el indispensable aumento de la baja cobertura pensional en el país. Casi nada.

Urgen claridades. Por el momento, lo que sabemos con certeza es que quienes tienen vía libre para trasladarse de su fondo privado a Colpensiones, si así lo desean, son hombres con más de 52 años que hayan cotizado por encima de las 900 semanas, y mujeres con más de 47 años que lo hayan hecho durante más de 750. Será por un plazo de dos años que ha iniciado desde ya.

Sí, lo que se vienen son cambios, no será fácil acostumbrarnos a ellos. Y a la espera de lo que diga la Corte, convendría que el Gobierno reforzara la pedagogía sobre esta trascendental ley que nos transformará la vida futura, ojalá para bien, a partir de un presente que debe ser claro y seguro.