Si los gobernadores del Caribe saben barajar sus cartas, la cumbre de mandatarios departamentales, a celebrarse en Montería los días 13 y 14 de junio con asistencia de representantes del Gobierno nacional, puede ser una oportunidad de oro para que se conviertan en protagonistas de una nueva historia que solo ellos están en capacidad de escribir. Difícilmente tendrán una mejor ocasión que esa para defender los intereses de los habitantes de la región.

La temática del encuentro convocado por la Federación Nacional de Departamentos no podría ser más propicia. Por un lado, transición energética responsable, más cambio climático y sostenibilidad y, por otro, paz con seguridad. En ambos casos, los retos son acuciantes, al igual que complejos. No solo por la encrucijada que supone para el progreso socioeconómico de las personas o la competitividad de los sectores productivos, también porque se encuentra en máximo riesgo la seguridad misma de comunidades, tanto rurales como urbanas, por la presencia e injerencia de estructuras armadas ilegales: Clan del Golfo, Eln, disidencias y crimen organizado.

No cabe duda que en tiempos ariscos, como los que corren, los obstáculos suman y se multiplican. De nada vale llorar sobre la leche derramada del bajo recaudo tributario, advertido desde distintos frentes, que obligó al ministro de Hacienda a congelar y a recortar el presupuesto general, con impredecibles impactos para las discretas ejecutorias de entidades del Estado, a la espera de que se resuelva el entuerto, mientras aguardamos conocer un nuevo marco fiscal creíble, responsable, que marque el rumbo del Ejecutivo, en vez de insistir en su flexibilización.

El Caribe no puede quedarse como un espectador más, lamentándose –si es el caso– por las eventuales consecuencias que le caigan de las determinaciones que deberá tomar el Gobierno para corregir su previsible desequilibrio fiscal en el presupuesto u otros errores cantados por sus actuaciones poco rigurosas, algunas sin sustento legal, otras sin viabilidad, en el manejo de ingresos, gastos o deudas, en una coyuntura crítica de evidente estancamiento de la economía.

Llegados a este punto, se hace urgente construir un nuevo escenario que privilegie la realidad diferencial del Caribe. Este es un territorio de indisimulados contrastes, de problemáticas intratables, entre las que sobresalen brechas sociales sin cierre inminente, marcada inseguridad alimentaria, extrema vulnerabilidad climática o violencias de distinto origen, que se estrellan con la riqueza o exuberancia de sus recursos naturales, que bien podrían hacer de sus zonas más frágiles potencias agroindustriales, emporios turísticos y grandes centros de energías renovables.

¿Por qué no ha sido posible dar un salto cualitativo en la calidad de vida de los habitantes del Caribe que en su conjunto siguen siendo los más pobres de la nación? Seguramente, la dirigencia histórica de la región, con autocrítica, tendría mucho que explicar, aunque también habría que atribuirlo a la mirada despectiva del centralismo que desconoció, y aún lo hace, el potencial de desarrollo de sus costas. El déficit que arrastramos es innegable y, la verdad, es que hemos hecho más bien poco para dejarlo atrás, a excepción de contadas casos. Eso tiene que cambiar.

Revertir la historia para que los demás dejen de decidir por nosotros debe ser la prioridad de los actuales gobernadores que enhorabuena han entendido o son conscientes de que este, su tiempo, es también el de las regiones. En ese propósito, como hasta ahora ha sucedido, deben permanecer unidos, actuando con visión estratégica, estructurando sus proyectos e iniciativas, manteniendo control inteligente de sus presupuestos, buscando cómo generar más recursos propios en aras de alcanzar autonomía, articulando acciones con el sector privado, también con la banca, en una construcción colectiva con los ciudadanos para alcanzar transformación social.

Si el norte parece perdido en el puente de mando nacional, los territorios deben orientar el barco. La idea de dar vida a una empresa regional de energía, aún en discusión, podría ser un buen comienzo para demostrar de qué son capaces. Mirada a largo plazo, con capacidad de negociar, ceder, pactar y concretar. Esa es la verdadera política al servicio de la gente. Lo demás es retórica.

O el Gobierno nacional se compromete a entregarle a la región herramientas, recursos, y, por qué no, nuevas competencias para ganar en autonomía, sobre todo fiscal, y para resolver las crisis que nos afectan, o no tendremos opción distinta que seguir empujando, presionando lo que haga falta hasta obtener un cambio de modelo territorial que sea verdaderamente efectivo, menos sumiso, más irredento, que asegure futuro posible para la totalidad de sus habitantes. En particular, para aquellos que agobiados por sus situaciones puntuales, cómo no pensar en la gente de la Mojana, exigen soluciones reales, hartos de lógicas o tópicos manidos que hacen parte de un relato que se quedó en diagnósticos, falsas promesas e incumplimientos.

Sí, somos los del Caribe, los sospechosos de siempre que piden sentido de realidad al Ejecutivo de turno, para que haga un esfuerzo consciente, pasando de las palabras a los hechos. Esa es la cuestión. El debate, el nuevo tiempo, el de las regiones, se abre esperanzador frente a nosotros.