El escándalo de corrupción que se acrecienta en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo implosiona al Gobierno de Gustavo Petro. La salida de la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, ligados en el supuesto entramado de desviación de millonarios recursos de la entidad y en aparentes favorecimientos políticos, ha desatado una nueva andanada de fuego amigo entre funcionarios e integrantes de la coalición oficialista que reconocen la severidad de una crisis aún impredecible.

Las toldas petristas son conscientes de que este reprochable modo de operar en política, que en el pasado han denunciado exponiendo públicamente conductas irregulares de sus contradictores, no solo le restará credibilidad o fuerza a su grandilocuente discurso a favor de la honestidad, de la transparencia, en el ejercicio de lo público, también desgastará su capital político ante los ciudadanos, sean sus electores o no, obligándolos a lidiar con un inesperado momento de debilidad que todo anticipa se extendería largo tiempo.

Claro que el Ejecutivo no es la única estructura de poder zarandeada por la gravedad de los hechos denunciados. Sus efectos tensionarán aún más el enrarecido clima político en el Congreso, donde se cuestiona la legitimidad de las reformas tras las acusaciones del ex director de la Ungrd Sneyder Pinilla, quien dice que se saquearon recursos de la unidad para pagarle sobornos a 15 parlamentarios, entre ellos a la cúpula del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, con el propósito de comprar su respaldo en el trámite de las iniciativas. Incriminación que el propio Petro descarta en el caso del presidente del Senado, posicionado como un férreo opositor de su Gobierno.

Prende el ventilador Pinilla, también está dispuesto a hacerlo el que era su jefe, Olmedo López, quien en el inicio de esta debacle por las manifiestas irregularidades en la compra de los carrotanques para La Guajira se aferraba al cargo como gato boca arriba, insistiendo en su probidad. Ahora, con el agua hasta el cuello, afirma que “cumplía órdenes”, escalando el cataclismo que podría remecer a otras fichas claves del Gobierno, entre ellas varios ministros.

Suena con fuerza el nombre de Luis Fernando Velasco, el del Interior, quien calculando lo que le corre pierna arriba catalogó a López de “raterito al que cogieron con las manos en la masa”. Pues, Pinilla, López y el mismo Velasco, encargado de la dirección de la Ungrd tras la salida de Javier Pava, tendrán que dar explicaciones a investigadores de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y Procuraduría que abrieron procesos para determinar responsabilidades de los señalados en este presunto entramado corrupto, incluidos los congresistas mencionados. Urge un juicio justo y expedito.

Quien también se espera hable con la verdad es la exconsejera Ortiz, señalada como la mujer del maletín, la encargada de pedirle a López el dinero para comprar las voluntades de los parlamentarios y de hacer las entregas. Su testimonio será determinante para desentrañar cómo funcionaba la olla podrida de la Ungrd, entidad con manejo de cuantiosos recursos sin apenas controles solventes, que es esencial para prevenir y atender las emergencias de la gente más vulnerable e indefensa en el país de las tragedias cotidianas. Por eso, la indignidad del saqueo al que habría sido sometida para satisfacer apetitos politiqueros resulta todavía más despreciable.

Son miles de millones de pesos que se habrían repartido en septiembre de 2023, antes de las elecciones regionales, para ser usados también en la financiación de campañas. Si esto se comprueba, de ahí la premura de las actuaciones de los órganos de justicia, la sociedad entera debe reaccionar con firmeza exigiendo responsabilidades políticas ante un acto de corrupción orquestado con maquiavélica intencionalidad para expoliar las arcas de la Ungrd, a toda costa.

Esta tormenta política, un desastre en sí mismo, sin visos de amainar, demanda decisiones coherentes. Por un lado, que los presidentes de Senado y Cámara consideren dar un paso al costado en sus funciones para no viciar los trámites legislativos hasta que resuelvan su situación. Es una cuestión de garantías y confianza. Y, por otro, que los partidos políticos de los señalados hasta ahora, Alianza Verde y Liberal, fijen posiciones claras sobre sus integrantes. Por el momento, las respuestas han sido ambiguas, sin duda, políticamente correctas, pero así nos va cuando nadie se ocupa de establecer límites a quienes protagonizan actos de dudosa integridad.

Se equivoca el presidente Petro cuando acude a su relato de división para tratar de explicar este vergonzoso episodio que cubre de fango a su gobierno. No, no se trata de cachacos o costeños, de blancos o negros, de ricos o pobres, tampoco de políticos o funcionarios de izquierda o de derecha, sino de moral. Se tiene o no se tiene. Punto. Si falla la moral se incurrirá con facilidad en conductas irregulares o ilícitas y cuando esto sucede la justicia no tiene otro camino que actuar para aplicar las leyes, de ahí el valor de la separación de poderes, garantía de nuestra democracia.

Ahora bien, lo que sí le corresponde al jefe de Estado es saber escoger de quién se rodea para no tener que justificar ni entregar embajadas a personajes sin escrúpulos que con sus excesos o actos corruptos degradan las estructuras del poder, mientras se regalan impunidad entre ellos y esparcen fango por doquier.