Los episodios diarios de violencia y criminalidad en Barranquilla, su área metropolitana y otros municipios del resto del Atlántico nos exigen seguir hablando de los riesgos reales que estos representan para los habitantes del departamento. Este es un debate imprescindible en el que necesitamos entender cómo las cruentas disputas por el control de las rentas ilícitas, en particular el narcotráfico y la extorsión, que libran actores criminales, como ‘los Costeños’, ‘los Pepes’ y ‘los Rastrojos-Costeños’, entre otros, han deteriorado de manera sostenida en el tiempo, sobre todo durante los últimos dos años, los niveles de seguridad urbana a un ritmo alarmante.

El más reciente informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, de la Universidad del Norte, dirigido por el académico Janiel Melamed, aporta datos documentados, además de un análisis detallado, acerca de una crisis que registramos de forma cotidiana en las páginas de EL HERALDO.

Primero, confirma el repunte significativo de ciertos delitos de alto impacto en Barranquilla, el año anterior. La tendencia más preocupante es la de los homicidios, con un incremento de 12,3 %. Estos pasaron de 334 en 2022, lo que equivale a una tasa de 25,4 por cada 100 mil habitantes, a 375 en 2023, de modo que la tasa se trepó a 28,3, situándose por encima del promedio nacional, que fue de 25,7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Extorsiones también crecieron, más de un 100 %, al igual que hurtos a personas y de motocicletas. Bajaron los de comercios y celulares.

Segundo, los indicadores que no son nada distinto a la suma de los hechos delictivos dan cuenta de la consolidación de dinámicas del crimen organizado en Soledad, donde fueron asesinadas 209 personas en 2023, y en Malambo, que contabilizó 73 crímenes. Por decir lo menos, la situación de este último municipio es crítica. Su tasa de 51,1 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta del departamento, que dobla la nacional, confirma una deriva de la autoridad e institucionalidad local que merece la atención del gobernador Eduardo Verano y de instancias nacionales antes de que resulte impracticable desmantelar las mafias allí enquistadas.

Tercero, en la mirada de los expertos –tanto los que participaron en el informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana como los consultados por EL HERALDO-, también en la de las autoridades, de lejos, por encima del hurto, la intolerancia, el ‘gota a gota’, el robo de tierras o la extorsión, la disputa a sangre y fuego entre estructuras del crimen organizado por el control de rentas y economías ilegales aparece en la punta del iceberg que ha roto la convivencia en los barrios más vulnerables de Barranquilla, Soledad y Malambo, principalmente. Aunque en esta guerra declarada ningún lugar parece seguro y hasta en Sabanagrande se denuncian asesinatos.

Dice mucho de esta vendetta entre organizaciones delincuenciales, que habría dejado entre 700 y 800 muertos desde marzo de 2022, cuando alias Castor y Digno Palomino dejaron de ser socios para declararse formalmente la guerra, que 13 de las 14 masacres de los dos últimos años en Barranquilla y municipios, se encuentren directamente vinculadas con esta confrontación. Desde entonces se ha escenificado una danza de canibalismo criminal que se nutre de la precariedad socioeconómica de quienes no tienen cómo escapar del sino trágico de verse arrastrados a convertirse en un asesino siendo un adolescente, acumulando hasta 8 víctimas mortales a los 15 años.

¿Quiénes son las víctimas de esta guerra por la hegemonía criminal? ¿Por qué no se logra frenar la sucesión de mandos luego de tantos homicidios? ¿En qué momento las mujeres pasaron a estar en la mira de los sicarios de esta contienda? ¿Es posible acabar con el negocio de la extorsión, tan rentable como el narcotráfico, pero, sobre todo, mucho más simple? ¿Si las cabezas de estas organizaciones ilegales están presas, por qué nada cambia? ¿Cuentan las autoridades con las capacidades operacionales e institucionales para hacerle frente a esta crisis de violencia?

Preguntas como estas son las que nos formulamos a diario. Las respuestas no son fáciles de hallar, pero se debe insistir en su búsqueda para asegurar control territorial ante el despliegue de la criminalidad. De estrategias concretas para golpear sus finanzas, de perseguir, capturar y judicializar a jefes, mandos medios, testaferros y facilitadores, o de mesas entre instituciones, con responsabilidades y seguimiento, habla el profesor Melamed. Es una ruta. El alcalde Char fortalece capacidades con la entrega de 409 motos, 30 camionetas y otros equipos para que la Policía Metropolitana cumpla con su labor, recursos propios del Distrito y la Gobernación. Esa es otra. Sin duda, necesarias. Deberían articularse, eso sí, para producir los resultados que demanda la ciudadanía. En la unidad siempre estará la clave para encarar lo que nos afecta, como esta persistente crisis de inseguridad que nos remite a un asunto de convivencia ciudadana que nos compete a todos.