Los siete miembros de la Comisión VII del Senado que firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud sentenciaron su hundimiento. El decidido respaldo que luego recibió de otras dos senadoras de esa misma célula legislativa, Norma Hurtado, de La U, y Ana Agudelo, de Mira, le dio la estocada final. Todo indica que en el inicio de su trámite, en cuestión de días, los votos negativos de Nadia Blel y Alfredo Marín, del Partido Conservador; Alirio Barrera y Honorio Henríquez, del Centro Democrático; del liberal Miguel Pinto; de Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres; de Berenice Bedoya, de ASI, y de las otras dos congresistas, la sepultarían definitivamente.
Este ha sido un debate intenso, excesivamente ideologizado, a decir verdad, sin rumbo claro ni consensos posibles, en el que las imprescindibles voces de asociaciones médicas y científicas, y, en especial, las de los pacientes con enfermedades crónicas apenas han sido tenidas en cuenta.
Desde el primer momento, el nuevo modelo de salud defendido por el Gobierno del Cambio generó más dudas que certezas, entre otras razones, porque nunca se ha precisado con claridad cuánto le costaría al país, de dónde saldrían los recursos para sostenerlo o cuál sería la ruta financiera para garantizar este derecho fundamental de los ciudadanos, ahora y a futuro, en vista del progresivo aumento en el gasto por el incremento de las enfermedades crónicas, la atención de los migrantes, el crecimiento de la siniestralidad o el uso de nuevas tecnologías y medicamentos.
Sin contar con el aval fiscal del propio Ministerio de Hacienda ni ofrecer certidumbres sobre su sostenibilidad financiera, tampoco de cómo la Adres gestionaría –siendo el pagador único– la descomunal bolsa de los recursos de la salud, el mensaje del Ejecutivo se ha dedicado, antes con Carolina Corcho y ahora con Guillermo Alfonso Jaramillo, a envenenar la discusión, dinamitando, en consecuencia, eventuales puentes de entendimiento.
Ni siquiera porque este enrevesado debate fracturó su coalición de gobierno, desató profundas crisis ministeriales y lo dejó sin apenas margen para maniobrar políticamente por la rigidez de su propuesta, el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a revisar con ánimo conciliatorio el contenido de su iniciativa, a la luz de los planteamientos formulados por actores del sector, también de congresistas, muchos de los cuales se hartaron de su arrogancia.
Basta de politizar un asunto eminentemente técnico. Es hora de salir de este bucle en el que hemos caído en el último año. El sistema de salud de los colombianos, uno de los temas más relevantes de la agenda nacional, demanda con prontitud indispensables mejoras para hacerlo más sostenible en términos de calidad, cobertura y oportunidad de los servicios, para dignificar la labor de su talento humano y asegurar, de paso, con recursos viables, su integralidad. Todos tenemos quejas, y muchas, sobre el actual modelo, pero desconocer lo que se ha construido hasta ahora que, sin duda, es perfectible, equivale a dar un salto al vacío y, además, sin red. Cambiarlo todo para regresar al pasado no representa ningún avance.
Quienes desde distintas orillas aplauden la resolución de los congresistas comparten sus motivaciones para hundir la iniciativa. También confían en que se encuentren puntos en común para volver a barajar las cartas en torno a un nuevo proyecto que incorpore todas las visiones posibles, sin imposiciones ni ultimátums. La provocadora sentencia del jefe de Estado al Congreso, en su acostumbrado tono confrontacional, en la que hace afirmaciones temerarias sobre las actuaciones que emprenderá si se hunde definitivamente la reforma, en tanto lo señala con dedo acusador, no es conducente a ninguna parte. Menos a un necesario consenso. Por el contrario, solo le corrobora al país la estrategia petrista de etiquetar como enemigos de la salud de los más pobres a quienes decidieron cuestionar el modelo que, a su juicio, es el único válido.
¿Seguirá el Gobierno en sus trece, sin reconocer su derrota ni recibir el mensaje de reprobación que sectores políticos, recogiendo en buena medida el consenso nacional, le enviaron sobre su reforma a la salud? Intenta el ministro de la política moverse con presteza, se aferra a la ponencia alternativa del senador Fabián Díaz, que busca ser un puente entre extremos, algo poco probable a estas alturas. Aunque la pausa que se abre en Semana Santa podría ser un punto de inflexión.
Los atajos nunca son buenos, menos en asuntos políticos, de manera que convendría que el Ejecutivo reconociera, con más pragmatismo que intransigencia, lo sucedido en vista de los resultados. Tensar la cuerda con movilizaciones en la calle tampoco parece la mejor opción. ¿Por qué no volver al principio, a la concertación, a la construcción de un modelo de salud que nos represente a todos, y no solo a un sector? Aunque gobierne, el Ejecutivo debería saber que imponer su reforma vía decretos, cruzando líneas rojas lo aproxima a comportamientos antidemocráticos que, eso sí, ministro Velasco, nos haría perder a todos los colombianos.
