Lo peor que puede hacer un dirigente empresarial es enfrentarse con la entidad administrativa que regula su actividad y con la que, en lo posible, debería ser capaz de entenderse. No solo porque asumen de manera compartida los beneficios de mantener una relación fluida, sino porque de ella depende el bienestar de un número significativo de personas, en este caso de usuarios. El dilatado conflicto que sostienen cinco empresas de transporte público de pasajeros con el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) escaló esta semana a un nuevo nivel, aún más pugnaz.

El punto de quiebre fue el vencimiento del plazo señalado por la AMB para la implementación del Sibus el pasado 15 de febrero. Esa era la fecha límite para que la totalidad de las empresas transportadoras que circulan en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia vincularan las operaciones de sus rutas al sistema inteligente, que tiene como principal característica el pago electrónico en los buses.

Si bien es cierto que no todas lo hicieron de forma simultánea, 15 compañías ratificaron que ultiman adecuaciones tecnológicas para su integración gradual en lo que resta de febrero e incluso durante marzo. Dicho de otra manera, respaldan la puesta en marcha de un proceso que no ha estado exento de altibajos desde que arrancó en 2021.

En el otro extremo se encuentran cinco empresas, Transmecar, Lolaya, Cotransco, Cootrasol y Trasalianco, que se niegan rotundamente a hacer parte del Sibus. Sustentan su decisión en que el modelo propuesto por la AMB establece un “monopolio” que concentra el recaudo en “una sola entidad administrativa”, entre otros argumentos. Su lógica carece de sentido común, pero sobre todo les imposibilita entender la urgencia de que se deben dar los pasos necesarios para que los habitantes de Barranquilla y de sus municipios vecinos tengan la movilidad que merecen.

Esta debe ser sostenible, eficiente y segura, con acceso, calidad y cobertura, la cual requiere, indefectiblemente, la integración de las empresas de transporte público en temas de tarifa, estructura, operación y recaudo, bajo una autoridad única que deberá verificar en tiempo real el cumplimiento de las rutas, de los tiempos de viaje y ejercer el control de la flota. Quienes consideran que la AMB ha implementado un modelo excepcional se equivocan. Guardadas las proporciones, es el mismo que funciona en las principales capitales del mundo. ¿Por qué no aquí?

No extraña que las empresas que en la actualidad se oponen a integrarse al Sibus o al recaudo único sean las mismas que se han resistido durante años a cumplir las reglas de juego vigentes para el Transporte Público Colectivo. Entre 2016 y 2023, estas mismas compañías dejaron de aportar $15.525 millones al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). Solo Transmecar le adeuda $5 mil millones. Todo un escándalo.

No es comprensible ni tolerable que mientras que el resto de compañías del TPC aportaran en ese lapso más de $100 mil millones al fondo, procedentes de sus ingresos por concepto de pasajes, para reducir la insaciable brecha entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario de Transmetro, como es su compromiso legal, las demás no lo hicieran. Es más, convencidas como están de que la mejor defensa es un ataque, demandaron a la AMB ante la Fiscalía, acusándola de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del FET. Otra pata que le nace al cojo.

¿Qué esperar? Por el momento, las empresas se atrincheran en su postura de no sumarse al Sibus, cobran una tarifa de pasajes menor a la autorizada por la AMB y continúan sin aportar al FET. Mientras, la autoridad de transporte les formula pliego de cargos por incumplir presuntamente los requisitos de operación al no haber implementado ya el sistema tecnológico.

Encaramos un callejón sin salida en el que se debe evitar, a toda costa, que los usuarios resulten perjudicados. Negarse a ser vigiladas o controladas, como pretenden las empresas que no se someten a las reglas de juego, actuando además de forma desleal con el resto de prestadores, revela un talante disociativo ante la exigencia de comunidades ansiosas de una flota renovada, integración de rutas, un solo medio de pago y de mejores vías y paraderos.

En últimas, un servicio con los más altos estándares, en el que todos los actores del sistema actúen con coherencia, responsabilidad y transparencia, sin tensiones ni presiones que oculten intereses particulares. A nadie le cabe en la cabeza que unos pocos intenten frenar lo que es imparable y recomendable.