El fracaso de los Juegos Panamericanos 2027, que Barranquilla ganó por aclamación en 2021, tiene claros dolientes. Lo sabemos de sobra, aunque ahora todos traten de lavarse las manos o de expiar sus culpas, achacándoselas a otros. Pierden el tiempo. Su cúmulo de desaciertos, errores e incumplimientos, incompetencias y mezquindades políticas, que sepultaron las ilusiones, en primer término, de los deportistas colombianos y, por supuesto, de los millones de habitantes de esta ciudad, municipios del Atlántico y el resto de la región Caribe salta a la vista.

Este proceso fallido, que hemos vivido como un drama, ha tenido momentos angustiantes en exceso, además de desastrosos protagonistas que deben ser señalados como los grandes perdedores de esta debacle. Para empezar la actual ministra del deporte, Astrid Bibiana Rodríguez. Increíblemente, asumió como si fuera un nuevo acuerdo que modificaba el cronograma de pagos que el Gobierno nacional debía ejecutar por los Juegos la conversación telefónica que sostuvo con el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, para pedirle ampliar el plazo, por falta de flujo de caja. Esto, solo 72 horas antes de que expirara, a finales de diciembre.

Da la impresión de que, pese a su disposición para sacar adelante las justas deportivas, a la funcionaria le quedó grande gestionar la disponibilidad presupuestal con la que honraría el acuerdo, el de verdad, el que había cerrado semanas atrás con la organización deportiva panamericana, para saldar incumplimientos previos del Estado colombiano. Si es cierto, como dice el senador Mauricio Gómez, que ni siquiera tramitó los recursos con el Ministerio de Hacienda, la situación sería aún más decepcionante. Cuesta entender que este sea el pobrísimo nivel de diligencia o competencia de quienes lideran los asuntos más relevantes de la nación.

Haría bien el ministro Ricardo Bonilla en explicar por qué si el dinero ya se había asegurado no se giró a tiempo ni se previó el escenario de falta de flujo de caja. ¿Quién se equivocó en este punto o fue un tema de desinterés, desorden o puro desconocimiento? Se agradecerían algunas claridades en medio de la nebulosa que se ha extendido sobre la actuación de la señora ministra.

Sobre todo, porque ante un hecho de tan extrema gravedad, con semejante impacto socioeconómico, ahí están la Contraloría y la Procuraduría pidiendo cuentas ante un posible detrimento, lo mínimo que se le debe exigir al funcionario público que ha fungido como su cabeza visible es que asuma su responsabilidad política. O lo que es lo mismo, a la ministra Astrid Rodríguez se le está haciendo como tarde para poner a disposición del presidente Gustavo Petro su renuncia irrevocable.

También cabría preguntarse si el Gobierno nacional había ratificado su “compromiso genuino” con los Juegos, como se ha dicho, ¿qué tan volcado e interesado estaba el propio jefe de Estado en liderar u orientar este objetivo que nos articulaba como nación, en especial en la región Caribe? Hasta ahora diversas voces, como la del presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano, han recordado que el mandatario rara vez se refería a ellos y cuando lo hacía era para decir que eran “caros”. De hecho, ese fue el primer mensaje que recibió Barranquilla en agosto de 2022, de la entonces ministra María Isabel Urrutia, otra responsable de este desastre. Su nefasto paso por el cargo fue tiempo desperdiciado, no solo no se avanzó en nada, sino que sus erráticas decisiones unilaterales, como nombrar un gerente para los Juegos, enviaron desconcertantes mensajes a Panam Sports. Se perdieron 7 meses valiosos para asegurar el evento en un trabajo conjunto con la ciudad, con su gente, al margen de intereses politiqueros.

Urrutia fue la encargada del empalme con el Ministerio de Deporte del gobierno de Iván Duque, al que, sin duda, le faltó determinación para resguardar, todo lo que fuera posible, un proyecto de país por el que había apostado desde el principio. Entre el 31 mayo de 2021, cuando se firmó el contrato de los Juegos, hasta agosto de 2022, cuando terminó la administración, queda la sensación de que se pudo haber hecho mucho más. Si bien es cierto que la ley de garantías habría limitado su margen de acción para el primer pago, aún nos preguntamos por qué no se concretó el anunciado conpes.

Demasiadas situaciones sin resolver, contradicciones, engaños o mentiras. Ese fue el principio del fin de una relación de confianza con Panam, construida por Barranquilla, que siguió deteriorándose en la medida en que los meses transcurrían sin definiciones. Negligencia, incapacidad, pero, ante todo, desinterés del Gobierno del Cambio, en el poder desde hace casi 17 meses, y que apenas reaccionó en el segundo semestre de 2023, cuando la entidad deportiva empezó a mostrar desgaste e incluso hartazgo, a través de sus ultimátums, el primero de los cuales venció el 31 de julio. El resto es historia. Así que pongamos el dedo en la llaga y, al menos con gallardía, esperemos que los responsables de este fracaso, un papelón lamentable, que no son pocos, asuman lo que les toca.