A pocos días de que finalice el plazo para cerrar un acuerdo, la definición del incremento del salario mínimo para el 2024 continúa empantanada. Aunque los participantes en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, las centrales obreras, los gremios y el Gobierno nacional, mantienen su disposición de diálogo, como lo han expresado públicamente, y confían en llegar a una cifra consensuada, resulta evidente que el actual clima político ha atirantado aún más las tensas relaciones entre estos sectores, en especial por el habitual hostigamiento que han recibido los empresarios de la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, y del propio presidente Petro.

Horas antes de la Navidad, los gremios, que han mantenido prudencia en sus posturas, dieron a conocer sus inquietudes en torno a la negociación que durante sus últimas dos reuniones no logró ningún avance. Dos asuntos, además totalmente legítimos, condicionan, a su juicio, el aumento que debería tener la asignación mensual devengada por más de 2,2 millones de trabajadores en el país. Por un lado, la inflación, que este año cerraría en 9,7 %, según la proyección del Ministerio de Hacienda. Y, por otro, la tasa de interés que, pese a que el Banco de la República la acaba de reducir en 25 puntos básicos, dejándola en 13 %, aún se mantiene alta.

No hace falta ser un economista avezado para calcular el impacto directo que ha tenido el costo de los créditos hipotecarios o de consumo en el manejo de las cada vez más menguadas finanzas de hogares y familias, mientras que el caso de las empresas, la doble realidad de inflación y tasas de interés elevadas, ha derrumbado la inversión. Si a este incierto escenario se le añaden los efectos de la reforma tributaria en su primer año de aplicación más los aumentos sostenidos para ajustar el valor de la gasolina y cerrar el hueco en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, entre otras arandelas, la tormenta perfecta que se ha abatido sobre la economía colombiana en 2023 ha provocado una inesperada contracción en el tercer trimestre.

La inflación ha venido bajando, cierto, se desacelera, dirían los expertos, pero aún no lo suficiente para dar un respiro que alivie todos los bolsillos. Por tanto, no cabe ningún discurso triunfalista. En la recta final del año, distintos sectores cruzan los dedos para que los buenos datos de la temporada de Navidad alejen el fantasma de la recesión. Si el 2023 fue un año exigente, en el que la economía crecerá 1,2 %, a lo sumo, de acuerdo con las previsiones oficiales, el 2024 será igualmente difícil. La incertidumbre volverá a estar en el orden del día por cuenta de las consecuencias del fenómeno de El Niño, las anunciadas alzas en el precio del Acpm o el trámite de las reformas de salud y la laboral, en el Congreso. ¿Otra tormenta perfecta? Bastante posible.

Hace falta restablecer la confianza entre Gobierno y empresarios para reactivar la economía, estimular la inversión, alentar el consumo y seguir bajando inflación y tasas de interés. No todo depende directamente del Ejecutivo, pero sí se necesitan señales decididamente claras desde la institucionalidad que ofrezcan tranquilidad a tantos ciudadanos que siguen viéndose afectados por cuentas impagables que los han vuelto a arrinconar a situaciones dramáticas de crisis e incluso precariedad. Conviene entonces ser precavidos, si cabe austeros, en las decisiones que se tomen, sobre todo porque los recursos son escasos o limitados, a diferencia de las incalculables necesidades y carencias de personas que no tienen cómo conservar su poder adquisitivo.

Los datos siempre serán claves a la hora de tomar las determinaciones más adecuadas, en particular, en lo concerniente con el incremento del salario mínimo. Con una inflación proyectada de 9,7 %, productividad de -1,0 % y un PIB estimado en 1,2%, el 18 % propuesto por los sindicatos no parece consecuente con la lógica socioeconómica del momento. Los empresarios son más partidarios de un 10 %, aunque también de tener en cuenta otros factores, como que de nada sirve decretar un salario mínimo alto si se desincentiva la creación de empleo ni se generan condiciones para aumentar la actividad productiva. La meta debe ser salario justo y sostenible, pero con el foco puesto en reactivación económica y laboral que incremente la inversión y la formalización. Al oído del presidente Petro, quien parece que al final tendrá la última palabra.