Pensar en cómo acelerar el desarrollo y la transformación social de la región Caribe demanda un enfoque razonable y provechoso que responda a la manifiesta escasez de recursos de los presupuestos gubernamentales, desde el de la Nación hasta los locales.

Monumental tarea que en un ejercicio de rigor técnico llevaron a efecto los académicos e investigadores de la Universidad del Norte y de otros centros de educación superior y de pensamiento, además de fundaciones y gremios de los departamentos de la Costa, articulados en la iniciativa Casa Grande Caribe, que lidera con acierto desde 2017 el economista Adolfo Meisel, rector de la Uninorte.

El debate sobre el futuro del Caribe, que asegure equilibrios entre los territorios –algunos están más rezagados que otros–, y, además, reconozca las insistentes demandas ciudadanas, es fundamental a la hora de considerar, definir y ejecutar las inversiones a priorizar. Mucho más, en medio de una campaña electoral que señalará el rumbo a seguir en los próximos cuatro años.

Repasar determinantes presentes, como la falta de infraestructura, el rezago social y la pobreza energética, entre otros, que sitúan a la Costa, con un 21,4 %, a la cabeza del listado de regiones con mayor incidencia en el Índice de Pobreza Multidimensional del Dane, en 2022, fue uno de los puntos de partida de este plan que ha apostado por construir, de la mano de comunidades, la hoja de ruta más viable de proyectos estratégicos que los departamentos requieren con premura.

Indudablemente, las inversiones en infraestructura se ubican como una de las piedras angulares de este estudio para apalancar el desarrollo social y económico del Caribe. En definitiva, para reducir pobreza, desigualdad e inequidad, al ser fuente de generación de empleo de calidad, aumento de productividad, de ventajas competitivas y, por supuesto, de calidad de vida para los ciudadanos.

Si bien es cierto, como indicó la ex directora de Prosperidad Social Tatyana Orozco, que cada departamento de la región tiene características propias, además de capacidades puntuales para liderar sus proyectos, todos los análisis coinciden en la necesidad de ejecutar grandes obras para garantizar acceso, además de mejor cobertura y calidad de servicios públicos, principalmente de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas como rurales. Asunto clave.

Citando datos del plan, que adicionalmente contempla el costo estimado de cada uno de los proyectos, en el caso de La Guajira, por ejemplo, las inversiones para garantizar cobertura de acueducto y saneamiento básico, en los próximos 8 años, ascenderían a $1.9 billones, mientras que en Córdoba cerrar las brechas del alcantarillado rural costaría $1,1 billones.

Modernizar aeropuertos en San Andrés y Sucre, concluir las obras del Ernesto Cortissoz de Barranquilla, ejecutar la nueva terminal aérea de Cartagena, construir carreteras en la ruralidad en todos los departamentos son fundamentales para impulsar la movilidad y conectividad vial y aérea.

Intervenciones de adaptación y mitigación al cambio climático en zonas costeras y fluviales de Atlántico, Bolívar y Cesar también resultan imprescindibles, al igual que sacar adelante el macroproyecto de La Mojana.

Capítulo aparte merece el Tren del Caribe, avaluado en 3.600 millones de dólares, que a juicio de los expertos es inviable.

En una realidad en la que se deben fijar prioridades de inversión en infraestructura, cada una de ellas tiene que demostrar su rentabilidad económica y social, de acuerdo con su utilidad. ¿Se pagan o no? Debate imprescindible que se plantea tras este análisis de Casa Grande Caribe que propone, además, que estos proyectos, sustentados técnica y financieramente, sean incorporados a los planes de desarrollo de los gobernadores y alcaldes de la región que resulten electos el 29 de octubre.

El listado de proyectos es extenso; las necesidades, cuantiosas; los recursos, limitados. La exministra Cecilia López decía que el Plan de Desarrollo destinó $17 billones para obras de infraestructura en este Gobierno. Limitados, sin duda.

Cerrar las brechas sociales y económicas del Caribe, producto del déficit del Estado central, pero también de los territoriales, exige cambiar el paradigma actual de dependencia por un liderazgo estratégico que asuma decisiones propias con voluntad. Lo indicaba el rector Meisel y no ha sido el único con esta visión. Pero aún en la Costa seguimos sin dar los pasos que nos comprometan a tomar las riendas de nuestro destino.