Alcanzar un título profesional de una universidad, sea pública o privada, siempre ha sido y sigue siendo el sueño de miles de jóvenes colombianos. Pero también el sueño de muchos padres que anhelan que sus hijos tengan las oportunidades que ellos no tuvieron.
En un país como Colombia el sueño no es imposible, pero sí bastante complejo por la poca oferta de cupos en la educación superior pública y por los altos costos de las matrículas en las instituciones de carácter privado, incluso en las más accesibles del nivel técnico o tecnológico.
Afortunadamente cada vez hay más oportunidades y posibilidades de que esos jóvenes de limitadas capacidades económicas puedan acceder a una universidad por los programas de becas y créditos condonables a través de empresas privadas y del propio Estado. Eso sí, el privilegio por lo general solo alcanza, en su mayoría, a aquellos con unas condiciones intelectuales que les permiten sobresalir y sostener sus estudios a punta de ser los mejores estudiantes.
Los otros cuyos puntajes y promedios académicos no les dan la posibilidad de una beca tienen que acudir a los préstamos, ya sea en el sector financiero corriente, donde tienen que cumplir con una serie de condiciones para ser sujetos de crédito; o al septuagenario Icetex, creado en 1950 con el propósito de facilitar el acceso a la educación superior a los jóvenes de los estratos más bajos del país, del 1 al 3.
De acuerdo con los reportes estadísticos del Icetex, desde 2015 hasta 2022-2 la entidad otorgó 381.314 créditos. Solo en el año pasado fueron 48.787. Y en cuanto a renovaciones de los préstamos, entre 2015 y 2022 otorgó 2.018.257; el año pasado, 232.153 renovaciones.
De ese total de sueños cumplidos, un enorme porcentaje se ha terminado transformando en pesadillas por cuenta de los intereses generados en las cuotas, sobre todo en este 2023 cuando la elevada inflación aplicada –13,12 % la acumulada de 2022– ha dejado a miles de deudores prácticamente sin posibilidades de cumplir con sus obligaciones.
En un debate de control político de noviembre en el Senado, el presidente del Icetex ya advertía que 85 mil jóvenes tenían mora superior a 31 días que sumaban una cartera de 1 billón 800 mil millones de pesos. Y para colmo de males llegó el nuevo año con un IPC por las nubes que llevó a la entidad a lanzar un alivio: reducción de las tasas de IPC + 7 e IPC + 9 de los créditos a corto y mediano plazo a IPC + 2 si estaban al día e IPC +3 para los que estaban en mora.
El alivio se iba embolatando porque en su momento el Ministerio de Hacienda no le entregó al Icetex los $350 mil millones de las cuentas inactivas con las que se financiaría el programa, por lo que la entidad tuvo que recurrir a un portafolio de inversiones para sacar los recursos para cumplir con los alivios ofrecidos. ¿Y el próximo año cómo lo harán?
Antes de irse del Ministerio de Educación, Alejandro Gaviria había anunciado que en el semestre que terminó presentaría al Congreso la reforma a la Ley 30 de Educación. La de Salud, Pensional y la Laboral terminaron ocupando la agenda y los jóvenes se quedaron, por ahora, esperando el cumplimiento de la promesa de campaña de que este gobierno les condonaría los créditos impagables de sus estudios universitarios.
Sin las tres banderas del Gobierno navegando en aguas mansas en el Congreso, más bien bastante embolatadas, ¿cómo será posible que haya avances legislativos en lo relacionado con la educación superior?
Mientras, miles de deudores del Icetex están literalmente ‘clavados’ y asfixiados con la cuota mensual, pues también es cierto que muchos apenas sí ganan un salario mínimo o no llegan ni a los $2 millones de sueldo. ¿De dónde flores si no hay jardín?
Entre las tantas prioridades de atención en un país tan inequitativo y con tanta pobreza como el nuestro es difícil escoger los primeros frentes de acción, pero ¿no será que al Gobierno se le está yendo el tiempo con la educación?