En su primera entrega de tierras a campesinos en días pasados en Sucre, en cumplimiento de su propósito de adquirir tres millones de hectáreas para cumplir con el primer punto del acuerdo de paz con las extintas Farc, el presidente Gustavo Petro se quejó de la lentitud del proceso que lleva la Agencia Nacional de Tierras, pues en solo 8 meses se han podido comprar apenas unas 20 mil y la meta de su gobierno es al menos alcanzar las 500 mil hectáreas.

Esa misma frustración la dejó saber en una entrevista concedida a Noticias RCN cuando se dirigía a un resguardo indígena en Guainía para sancionar el Plan Nacional de Desarrollo, y en la que manifestó que es “marginal” la voluntad de los grandes poseedores de tierras en el país para venderle al Gobierno en su intención de comprar tierras. Reconoció que el proceso no va bien y apenas el avance es de un 10 % de lo comprometido. “Va muy débil”, fue la expresión del mandatario.

Fedegán había ofrecido en un principio 448 mil hectáreas para negociar con el Gobierno nacional, pero según la ANT solo 120 mil eran viables, o al menos así lo determinaron tras la reunión con la Federación Nacional de Ganaderos.

Lo cierto es que un estudio del Ministerio de Agricultura, realizado cuando la jefe de esa cartera era Cecilia López, y frente a la reducida oferta de tierras, da cuenta de que en el país hay 6.456.326 hectáreas susceptibles de poder ser compradas de manera directa.

En el caso puntual del Atlántico, el estudio evidenció que de los 16.521 predios rurales existentes 3.073 son bastante viables para una adquisición directa por parte del Ministerio de Agricultura en su objetivo de impulsar la reforma agraria. Eso equivale a unas 174 mil hectáreas de tierras, casi que el 71 % del territorio atlanticense.

El Gobierno está empeñado en adquirir la mayor cantidad posible de tierras para distribuir a los campesinos y volverlas productivas, pero se requerirá mucho más que la buena voluntad gubernamental para conseguir que quienes sean los beneficiarios de estos predios puedan efectivamente terminar convirtiendo esos predios en negocios rentables y sostenibles.

Por ejemplo, en la hacienda adquirida en el departamento de Sucre, el propio presidente Petro cuestionó que se haya comprado unas tierras altamente productivas y con una gran tecnificación que les costará a los nuevos tenedores mantener y no dejar caer la productividad con la que venía, al punto que pidió –en medio de su discurso– al vendedor que mantuviera por un tiempo la asesoría a los nuevos propietarios y les enseñara a manejarla.

De otro lado, aprobado y sancionado el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente ya ha dicho que ahora cuenta con las herramientas para efectivamente ir por la tierra y ofrecer el dinero y los estímulos para lograr que se la vendan, ya sea por la venta voluntaria que permite el PND o por la venta obligatoria.

Tierras sí hay en el país y en el Atlántico, particularmente. Otra cosa es que la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura, encargados del proceso de compra, puedan avanzar a la velocidad que les ha demandado el presidente, 24 horas al día y los 7 días de la semana, y que al final el balance resulte en que quienes terminen como beneficiarios realmente puedan poner a producir la tierra que reciben y contribuir a la seguridad alimentaria del país.

Todo este proceso debe ir acompañado de la asistencia técnica y los créditos necesarios para que los campesinos tengan las herramientas para poder convertirse en grandes productores agrícolas, capoteando incluso los malos pronósticos del clima que anticipan que tendremos un resto de año entre extremos: lluvias y sequía, al menos así pinta en el Caribe y en el Atlántico.

El propio presidente ha hecho las cuentas en las que calcula que al ritmo en el que va el proceso será muy difícil cumplir con la meta que se han propuesto. Así que se necesitarán más que discursos y buenas intenciones para la reforma agraria. Normalmente la realidad va mucho más lenta que la voluntad.