Salvo milagro de último momento, gran parte de los proyectos estratégicos que necesita Barranquilla y el resto del Atlántico corren el riesgo de quedarse atorados en el trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que acaba de pasar su primer debate en las comisiones económicas de Cámara y Senado, donde, por cierto, le hundieron al presidente Petro la mayoría de las facultades extraordinarias que buscaba. Las alertas se encendieron hace una semana, cuando los integrantes de la bancada del departamento, en particular el representante a la Cámara por Cambio Radical Modesto Aguilera confirmó que las iniciativas, resultado del consenso entre los sectores público y privado del Atlántico, se habían quedado por fuera de la considerada hoja de ruta construida por el actual Gobierno para sus próximos cuatro años.

Y, por el momento, ahí continúan, pese al llamado de congresistas, del alcalde Pumarejo o de la gobernadora Noguera, que han cerrado filas articulando un único discurso, a modo de clamor, para que el DNP las tenga en cuenta e incorpore al proyecto de ley. Si finalmente esto no ocurre, el escenario que se abre es desafiante. Porque a las iniciativas no se les asignarán recursos del presupuesto nacional para hacerlas viables en el corto y mediano plazo. Algo que comprometería alcanzar objetivos de transformación productiva, transición energética, seguridad alimentaria, desarrollo humano u ordenamiento sostenible en el Atlántico, donde resulta imprescindible cerrar las brechas entre Barranquilla y los municipios. En eso no puede haber discusión.

Por ello es difícil entender que existiendo coincidencias evidentes en la visión de los proyectos departamentales con las principales metas de justicia social, económica y ambiental fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que aspira a hacer de Colombia una potencial mundial de la vida, el Gobierno nacional no las priorice ni avale su viabilidad, como se ha venido insistiendo en los últimos días. Desde la estabilización costera de Puerto Mocho y Juan de Acosta, así como el reasentamiento de población en zonas de alto riesgo no mitigable, pasando por la expansión de la Universidad de Barranquilla, IUB, o la creación de un fondo temporal para disminuir las tarifas de energía, las iniciativas en vilo merecen ser consideradas. Eso sí que sería un acto de justicia.

Aún es factible someterlas a una revisión rigurosa para escoger, en lo posible, las más acuciantes e indispensables que aseguren el progreso, desarrollo y competitividad del departamento, pero sobre todo el bienestar de sus habitantes. Cada una de ellas requiere para su materialización cuantiosos recursos. Afrontamos una época de vacas flacas y queda claro que las posibilidades reales no siempre se ajustan a lo deseado, en especial cuando las limitaciones financieras obligan a barajar distintas opciones. Al margen de que asuntos cruciales como el dragado del canal navegable o la restauración y conservación de la Ciénaga de Mallorquín estén garantizados en el plan, la lucha por lo que todavía falta es irrenunciable. Corresponde sustentarla, entonces, con argumentos sólidos, porque claramente los tenemos a nuestro favor. Que a nadie se le olvide.

Uno de ellos, y no es menor, es el respaldo que el presidente Gustavo Petro recibió en las urnas. No solo en Atlántico, también en el resto de la Costa que espera más de su gestión para superar sus carencias. Pues, justamente, en el Plan Nacional de Desarrollo está la clave, de modo que esta es una puerta que no se debe cerrar. Porque sería dejar del otro lado a comunidades vulnerables que no entienden de determinados intereses políticos, revanchismos electoreros, ni de negociaciones en clave interna de partidos. Solo de hechos reales que les permitan alcanzar, porque se lo merecen, vida digna. Así que desde esta casa editorial también nos sumamos al llamado para que las esenciales iniciativas del Atlántico tengan eco en el Gobierno del Cambio.