Que la vivienda muestre señales de desaceleración o alertas en indicadores de riesgo debería ser un asunto de preocupación nacional. No se trata de alarmismo social, sino de comprender cuál es el peso de un sector crucial en la economía. Datos de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) indican que genera unos 4 millones de puestos de trabajo, casi el 7 % del empleo formal en el país, y aporta cerca de 4,5 % del PIB, anualmente. El hecho es que mueve una extensa cadena de eslabones, con un efecto multiplicador en la economía, que solo en el caso de la vivienda de interés social en construcción demanda insumos por el orden de $15,7 billones.

Parece razonable advertir que si esta actividad continúa ralentizándose de forma progresiva, bien sea por factores domésticos o circunstancias externas que frenan su dinamismo, se podría desencadenar una crisis que impactaría a todos los componentes del mercado.

Desde las miles de familias que demandan acceso a casa propia en condiciones viables, hasta el ejército de trabajadores que devengan su sustento de la labor edificadora, pasando por constructoras privadas, no todas son grandes por cierto, y entidades del sistema bancario, que en ambos casos han invertido cuantiosos recursos en proyectos inmobiliarios que actualmente no se venden ni tampoco se inician, ante la imposibilidad de alcanzar cierre financiero.

La información del presidente de Camacol, Guillermo Herrera, confirma que 40 mil hogares, a día de hoy, no han recibido su vivienda por la “ausencia de subsidios de Mi Casa Ya”, columna vertebral de la política de vivienda en el país. Desmenuzando la cifra, 23 mil de ellas estaban terminadas en septiembre pasado y las otras 17 mil quedaron listas entre octubre y enero de 2023.

Sin el desembolso del subsidio que les otorgó el Gobierno, las familias no tienen cómo hacer frente a los compromisos adquiridos. Y sin entrega de su casa propia, les toca seguir pagando arriendo, un monto que entre los afectados superaría $15 mil millones mensuales.

Cuello de botella que agrava aún más el agónico panorama económico de estos hogares, que en algunos casos renunciaron a su sueño de ser propietarios porque, mientras más pasan los días, el valor de su vivienda se incrementa, haciéndose impagable. Como si fuera poco, 6 mil nuevos inmuebles se agregarán cada mes a la abultada bolsa que demandará, de acuerdo con el gremio constructor, fondos por $3,3 billones para resolver el represamiento que no tiene único origen en el Ministerio de Vivienda.

Sería injusto señalarlo así. Aunque también es cierto que de su gestión, y de la de Hacienda, Planeación Nacional y el Congreso, con la voluntad política del presidente Petro, dependerá que se asegure la financiación de Mi Casa Ya en la ley de adición presupuestal, preservando el ahorro juicioso de hogares de clase media que esperan el subsidio.

Esto al margen del nuevo enfoque del programa dirigido ahora a familias de menores ingresos en zonas rurales y pequeños municipios, iniciativa valiosa en sí misma. Mientras, la ministra Catalina Velasco anuncia que en abril comenzará el desembolso de subsidios, de modo que corresponde estar atentos.

Es mucho lo que se puede construir, sin eufemismos, si sectores público y privado trabajan juntos para conseguir que más colombianos accedan a una vivienda digna que revierta, en lo posible, su condición de precariedad y reduzca el déficit habitacional en el país que en 2021 fue de 31 %. No será fácil.

Como en el resto del mundo, el mercado está presionado por un contexto inflacionario, de subida de tasas de interés y de elevados costos en insumos, que lo encarecen tornándolo tormentoso, lo cual desemboca en menos ventas, desistimientos de compra y un frenazo en la oferta de obra nueva, como ocurre con las VIS.

Lo cierto es que la vivienda podría ser la punta de lanza de una estrategia contracíclica que le haga contrapeso al adverso escenario de desaceleración económica. No está de más insistir en que en este sector construir sobre lo construido es más que una simple frase de cajón.