Las regiones de administración y planificación (RAP) en el país tuvieron que esperar por casi 28 años para poder reglamentarse con la expedición de la Ley de Regiones de 2019, pese a que desde 1991 la Constitución colombiana autorizó su creación. Pero, adicionalmente, en el caso de la región Caribe solo hasta el pasado 1 de febrero se puso en marcha –cuatro años después– la RAP correspondiente a esta zona del país integrada por los ocho departamentos costeños.
Antes también hicieron parte de la historia el Voto Caribe en las elecciones al Congreso de 2010 y la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial en 2011. Mucha agua bajo el puente tuvo que correr para que las RAP pudieran ponerse en marcha, pero mucha más para poder, finalmente, conseguir que los gobernadores de una de las regiones más pobres y desiguales del país pudieran ponerse de acuerdo y materializar, léase bien, después de 32 años la RAP Caribe.
Ilusiona que este paso, catalogado como un hito por el exministro guajiro Amylkar Acosta –nombrado gerente de la RAP Caribe–, sea de verdad el salto que le hacía falta a esta zona norte del país con tanta riqueza y diversidad para avanzar en los grandes proyectos que se requieren para comenzar a satisfacer las necesidades de los más de 10 millones de habitantes de la Costa.
Los gobernadores, reunidos en la semana que termina en Barranquilla, expresaron los retos y desafíos principales que tienen de frente para abordar a través de este instrumento de planificación y de integración, entre otros la pobreza, la seguridad alimentaria, las tarifas de energía, la conectividad en materia de transporte, infraestructura y desarrollo sostenible.
Muchas demandas y cada vez menos recursos que se deciden desde el poder central del Gobierno que históricamente ha mirado poco hacia las regiones y cada inversión han sido producto de luchas interminables para obtener la asignación de partidas presupuestales justas y equitativas.
La tarea para la RAP Caribe apenas comienza y en el tintero hay grandes proyectos de impacto, uno de los principales el tren regional. Este lunes comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso, cuya agenda legislativa de 2023 arranca con la adición presupuestal y el Plan Nacional de Desarrollo, claves para insertar las pretensiones de la Costa en la mirada del Gobierno central y de los congresistas, que ahora más que nunca deberán demostrar denodado compromiso para hacerse sentir y lograr las inversiones necesarias y estratégicas para esta zona del país.
La tarea para los dirigentes costeños es dar la batalla, justo ahora cuando se viene un año duro por las complejidades económicas que afrontamos con una serie de reformas lideradas por el Gobierno que mantienen en incertidumbre el panorama, y justo en un año político por la disputa del poder regional.
La RAP Caribe aparece en escena en medio de la parte de la película que no deja de preocupar por el tinte y el talante que el actual Gobierno central está manejando en la relación con los poderes locales y con distintos sectores económicos de la nación.
Desde la Costa mantienen la fe en que por su origen costeño el presidente Gustavo Petro será receptivo a las necesidades de la región, las cuales, ha dicho Amylkar Acosta, tendrán que ser compiladas con prontitud en el plan estratégico regional del Caribe. Ojalá así sea.
No obstante, hay motivos para no ser tan optimistas como se desearía. Y ejemplo de ese escepticismo son el clamor de los habitantes de la Mojana por una solución a las inundaciones; el nuevo aplazamiento de la adjudicación de la interventoría para las obras del Canal del Dique; el reclamo para el retiro de peajes que están afectando a varias comunidades, como el de Papiros en Puerto Colombia, entre otras expectativas que todavía no se satisfacen.
