Como si fuera una realidad distante que no nos pertenece ni concierne, ninguna entidad del Estado, del orden territorial o nacional, se ha hecho eco del gravísimo reporte sobre muerte de menores de cinco años por desnutrición y causas asociadas a ella, divulgado por la Defensoría del Pueblo esta semana. Sería esencial determinar si el vergonzoso silencio institucional sobre el fallecimiento de 308 niños y niñas en el último año en el país, 111 más que en 2021, obedece a su manifiesta incapacidad para resolver esta problemática creciente o si se trata de una muestra más de su inadmisible indolencia para entender la descomunal amenaza que se cierne sobre el futuro de la primera infancia. Bueno, da igual. Ambas perspectivas resultan absolutamente decepcionantes. Es como si no fuera una cuestión prioritaria ni existiera genuino interés del Ministerio de Salud, Bienestar Familiar, gobernaciones o alcaldías, para establecer los mínimos necesarios, como agua potable, saneamiento básico, acceso a alimentos nutritivos y campañas de vacunación que garanticen el ciclo vital de nuestra niñez.

Se equivocan quienes estiman que la crisis de desnutrición infantil aguda que pone en grave riesgo a más de un millón de niños y niñas menores de cinco años en Colombia, según la Fundación Éxito, es asunto de unas cuantas regiones. Sin duda, esta se ha ensañado con las más pobres como La Guajira, Chocó y Cesar, que el año pasado notificaron 85, 35 y 25 decesos, respectivamente. También es dramática la situación entre comunidades indígenas de Vichada, Amazonas, Magdalena o Guanía. Pero a todos nos conviene mirar más allá. La radiografía sobre este grave problema de salud pública, soportada en datos del INS, confirma la real dimensión de una enfermedad que afecta de igual manera a ciudades como Bogotá, que concentra el 19 % de los 21 mil casos conocidos en 2022. Sin contar el subregistro.

Queda claro que el aumento de la pobreza y, puntualmente, de la inseguridad alimentaria, derivadas de la pandemia se encuentran detrás, entre otras razones, de los elevados índices de casos detectados a partir de 2020. También parece obvio que pese a las estrategias ejecutadas en distintos gobiernos, el de Duque y el de Petro para frenar su incidencia, lo sucedido en 2022, año que acumuló el registro más elevado de muertes del último lustro, ratifica que estamos perdiendo la batalla. Tanto en la atención de enfermos como en la prevención en municipios con condiciones propicias, aún lejos de ser superadas por los diferentes niveles del Estado. La repudiable muerte a cuentagotas de niños wayuu, considerada por su pueblo como un genocidio, es el ejemplo más ilustrativo de una crisis histórica irresoluta, producto de la exclusión social.

Lo que pasa en la Costa, donde cinco de sus departamentos aparecen en el ranking de las 10 regiones con más casos de desnutrición infantil aguda del país, tiene que ser motivo constante de preocupación. No solo de las instancias gubernamentales, sino de la sociedad entera que debería rebelarse contra su papel de convidada de piedra ante el hambre que consume la vida de sus menores más vulnerables. Tanto cinismo frente al deceso de niños y niñas en La Guajira, Cesar, Bolívar, Magdalena y Atlántico, que acumulan el 54 % de las muertes a nivel nacional en 2022, nos pasará factura más temprano que tarde. Si se siguen ofreciendo anacrónicos planes de choque de dudosa efectividad destinados a tapar algunos huecos, solo para cumplir obligaciones de cara al electorado, la crisis se agudizará inevitablemente hasta condicionar las capacidades de quienes, por su desnutrición en la infancia, serán adultos con menos años de educación y salarios más bajos, lo cual tendrá un impacto negativo en el capital social y en el progreso del Caribe. A todos nos compete asumir como propia la que debe ser una épica lucha contra el hambre hasta que se rompa el entrampamiento de la pobreza que devasta a los más pequeños. Sin cálculo político, por dignidad humana, les proponemos desde esta tribuna hacer mucho más por el desarrollo físico, mental y social de nuestros niños y niñas. Lo son todo. Si esperamos que lo haga el Gobierno de turno es probable que nada cambie. Empecemos ya con pequeños gestos.