La Mojana completa, formalmente, un año inundada. El boquete inicial de 100 metros, abierto en el jarillón de protección de Cara ’e Gato, entre San Jacinto del Cauca y Nechí, como consecuencia del embate de las aguas impetuosas del río Cauca, es hoy un descomunal chorro de más de un kilómetro de extensión que ha afectado la vida cotidiana de habitantes de Bolívar, Antioquia y, principalmente, de Córdoba y Sucre. En las carreteras de este último departamento, malviviendo en improvisados cambuches en sus orillas, se ubican parte de los 130 mil damnificados que han permanecido, literalmente, con el agua por encima de los tobillos, e incluso hasta el cuello.

Ni en los primeros momentos de la emergencia, ni tampoco ahora en medio de esta catástrofe socioeconómica que ha devastado, en especial a la ruralidad, ha sido posible ejecutar acciones lo suficientemente efectivas para subsanarlas. Lo más dramático es que mientras dure el fortísimo invierno que se avecina el gigantesco boquete seguirá sin solución.

Por más que el deseo de volver a la normalidad, para recuperar sus formas de vida y medios de subsistencia en las fincas y parcelas que dejaron atrás hace meses, sea lo que inspira la extraordinaria capacidad de aguante de los miles de desplazados por este desastre invernal, la innegable realidad de una crisis climática creciente se terminará imponiendo, más temprano que tarde, en la subregión de la Mojana y el San Jorge. La ruptura del jarillón de Cara ’e Gato, construido en 2010 con una inversión de $140 mil millones para evitar lo que finalmente sucedió, debería ser valorada como una primera señal de que los estragos de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos, entre ellos inundaciones, sequías o ciclones, no han hecho otra cosa que empezar.

Conviene abordar con responsabilidad, bajo criterios técnicos, el necesario debate sobre el ordenamiento territorial alrededor del agua.

Intentar cerrar el boquete, lo cual está aún lejos de materializarse, abrió durante el último año un incontrolable chorro de recursos públicos peor que el propio Cara’ e Gato. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo habría invertido más de $30 mil millones en dragados, estructuras y canales que, por las sucesivas crecientes súbitas, terminaron anegados, al igual que 25 mil hectáreas de cultivos. Nada parece contener la furia de las aguas. De ello dan cuenta los agricultores, ganaderos y pobladores más veteranos de la zona, acostumbrados a repetir año tras año, aquello de que “el Cauca es un trapo viejo de esos que se remienda por un lado y se rompe por otro”. Pues, ya no está tan claro que así sea, por lo que la construcción de obras hidráulicas podría no garantizar la solución definitiva de sus problemas.

Es lógico que la comunidad de esta región demande salidas urgentes a su gravísima condición. Sorprendente sería que no lo hiciera y es menester del Estado garantizarlas. Pero, ¿son los trabajos de ingeniería por $1,8 billones previstos en el Conpes que aprobó el anterior Gobierno la respuesta a la crisis climática de un territorio considerado zona de amortiguamiento o escurridero hídrico de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, que progresivamente se ha visto sobrepasado en sus funciones de regulación de las aguas por el impacto del calentamiento global? Asumiendo que la prioridad siempre debe ser salvaguardar la vida de las personas, se precisan de otros enfoques para comprender que el agua, al tener memoria, inevitablemente retomará sus espacios. Demasiados secamientos de ciénagas o construcción de jarillones formales e informales para expandir la frontera agrícola o acaparar tierras desencadenaron una severa crisis de alcance ambiental y humanitario.

Combatir el hambre, trasladar a poblaciones en riesgo, poner en marcha un modelo preventivo de salud y activar comités climáticos con las comunidades son medidas dispuestas por el presidente Gustavo Petro para la Mojana, donde convocó a un pacto. Dos de sus propuestas traerán polémica. Una, que los propietarios de tierras paguen con ellas el impuesto de valorización para que el Estado, como su nuevo dueño, las entregue a campesinos reubicados y así darle espacio a la inundación. Y dos, que la Fuerza Pública –previa orden de autoridad civil– libere el agua en grandes propiedades que desvían o taponan caños, por ejemplo. De un cambio de mentalidad habla el presidente y de eso no cabe la menor duda. Las incertidumbres frente a la emergencia climática son tantas que nada se puede dejar al azar. Que comience entonces la discusión para que no se siga lloviendo sobre mojado.