Sin distinguir entre unas y otras, el maldito flagelo de la extorsión ha acumulado tantas víctimas en Barranquilla, Soledad, Malambo o en el resto del Atlántico que si todas se juntaran se podrían extraer valiosas lecciones sobre cómo encarar un fenómeno criminal que hace un daño terrible a nuestra sociedad. La solidaridad, en clave de cohesión ciudadana y fortaleza institucional, podría ser lo que necesitamos para poner freno a una amenaza individual y colectiva que cada cierto tiempo se reinventa con nuevos actores cada vez más violentos, capaces de cometer los peores actos demenciales, como asesinar a sangre fría a conductores de transporte público.
Demasiados hechos, todos lamentables, alrededor de este repudiable delito de incuestionable impacto social y económico demuestran que si los afectados no acuden a la denuncia ni los responsables de combatirlo apelan a mecanismos de cooperación o a la coordinación de estrategias eficaces difícilmente se encontrarán los medios para desmantelar las poderosas estructuras delincuenciales que aparecen detrás. En el departamento, este voraz negocio ilícito –una gallinita de los huevos de oro– sufraga los emporios de bandas criminales, como la de los Rastrojos Costeños, dedicadas al tráfico de armas, drogas y otras actividades ilegales. No sorprende que uno de los más recientes pagos por $200 millones desembolsado por un laboratorio clínico de Barranquilla a este grupo armado terminara financiando vehículos, fiestas o satisfaciendo los caprichos de sus integrantes. Indigna saber que el producto del trabajo honesto de muchos acabe convertido en la plata de bolsillo de quienes han decidido intimidar, violentar y hasta asesinar a personas de forma impune. Insoportable hasta la médula.
Basta de ser cómplices de estas mafias. Frente a una crisis estructural como esta, que por épocas se recrudece debido a los “ciclos de la delincuencia”, según términos de las propias autoridades, no cabe más indolencia, incivismo, egoísmo o inutilidad. Seguir ignorando el problema porque no es conmigo abre la puerta a una desconexión con las víctimas, que más temprano que tarde podría pasar factura al convertirnos, lo cual no es del todo descartable, en los próximos afectados. Esta dramática realidad golpea de manera distinta, pero como integrantes de una misma comunidad nuestros destinos se encuentran conectados y, al final, lo que le ocurre a alguien repercute o está ligado al existir de otro. Así funcionamos.
Hasta ahora, cuatro de los implicados en los crímenes de los conductores de Coolitoral, Cootrab y Transmecar han sido detenidos. La Policía realiza su labor. Pero no se trata solo de capturas ni únicamente de patrullajes u operativos, los cuales siempre serán útiles para disuadir a los criminales. Hace falta más compromiso del Inpec para evitar que los determinadores de los asesinatos, presos en sus cárceles, sigan burlándose de todos. También del Consejo Superior de la Judicatura para que se agilice la aplicación de justicia en el departamento, donde escasean jueces e investigadores. El nuevo ministro de Justicia, Néstor Osuna, debe tomar atenta nota de lo que afrontamos en el Atlántico por cuenta de las extorsiones que asfixian a sus habitantes, en especial a los más frágiles.
Pese a la desconfianza, el sectarismo, la fragmentación o la indiferencia, hacer cosas buenas en aras del bien común claro que es posible. Mucho más si están alineadas en torno al inestimable propósito de arropar a las víctimas de extorsiones del crimen organizado. Tienen que saber que no se encuentran solas ni que su sacrificio fue en vano. Ante eventuales dilemas sociales que dificultan movilizarnos contra esta infamia, la pena o el dolor que oprimen a estas personas debería ser el revulsivo para reaccionar sin más dilaciones al miedo que paraliza. Ha sido mucho tiempo de hipocresía o cinismo. Es momento de elevar un solo clamor contra los cobardes ataques de los violentos. La unidad es la mejor forma para derribar los odiosos obstáculos que limitan nuestra capacidad de acción. Hoy, a las 5 de la tarde en la plaza de Puerta de Oro, tenemos la posibilidad de manifestarnos por quienes llevan años pagando extorsiones o por quienes fueron vilmente asesinados tras negarse a ceder al chantaje. No más víctimas ni finales trágicos. Los criminales no pueden seguir teniendo la última palabra.